lunes, 29 de mayo de 2017

34 años de Jueces para la Democracia


Un día como hoy, en 1983, se constituía la asociación profesional Jueces para la Democracia. Anteriormente, bajo la dictadura franquista, se contaba con la experiencia de Justicia Democrática, organización que buscaba afanosamente un espacio cultural en el que pudieran convivir el ejercicio independiente de una jurisdicción digna de ese nombre con un compromiso firme con los valores democráticos.

Ya en los primeros años de la transición, en un contexto de corporativismo imperante en la judicatura y con su cúpula copada por nostálgicos del régimen, no por residuales menos resistentes, Jueces para la Democracia surge reivindicando un poder judicial auténticamente independiente del ejecutivo y sometido al control de la opinión pública, con un modelo constitucional de juez comprometido con la realidad social.

Protagonizamos, en nuestra larga trayectoria, una esperanzadora campaña con el lema “La Justicia tiene solución”, implicando a todas las profesiones jurídicas. Abanderamos la lucha contra las corruptelas de nuestra administración de Justicia, denunciando la astilla, y propusimos remedios para atajar los abusos en la tramitación de los procedimientos. Combatimos la tortura y el abuso policial con serios encontronazos con el poder ejecutivo que en ocasiones trató de amparar actuaciones inadmisibles. Fomentamos una cultura garantista de la jurisdicción e impulsamos la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la barbarie mas allá de nuestras fronteras.

Desde un inicio, hemos defendido una Justicia amable, pues la rigidez y autoritarismo del modelo judicial vigente caracterizaban una judicatura antipática y lejana, en la que la ciudadanía no se sentía reconocía. Y así, junto a su caracterización como poder, destacamos la administración de Justicia como servicio público en el que sus protagonistas no son los jueces, fiscales, secretarios o abogados sino los ciudadanos. Fruto de ello fue el impulso de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, una iniciativa parlamentaria histórica que alcanzó por primera y única vez la unanimidad de todos los grupos políticos, aun cuando careciese de fuerza de ley.

Ahora que desde instancias parlamentarias se habla de una Estrategia Nacional de Justicia que “identifique y defina los objetivos de la reforma integral de la Justicia”, conviene recordar que Jueces para la Democracia fue uno de los muñidores del Pacto de Estado para la Justicia, en el año 2002, que pretendía sustraer de la refriega política al poder judicial.

Hoy como ayer, la asociación se ha demostrado necesaria en el panorama judicial español. Con la masiva incorporación de las mujeres a la carrera judicial en las últimas décadas, Jueces para la Democracia lucha por una igualdad real conforme establece nuestra Constitución, promoviendo medidas positivas que aseguren ese principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos para cargos judiciales, a que se refiere la Ley de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La alarma ciudadana provocada los continuos escándalos de corrupción política nos ha forzado junto con otras asociaciones de jueces y fiscales a apelar al fortalecimiento del poder judicial como único garante de corregir las desviaciones de poder. Hemos impulsado desde la judicatura una lucha sin cuartel contra los delitos de corrupción y fraude. Y son constantes nuestras denuncias de las injerencias de los responsables políticos en las instituciones judiciales, tratando de controlar determinados tribunales.

En pocos países de nuestro entorno ha sido posible procesar desde miembros de la Casa Real, pasando por ministros del Gobierno, directores del Fondo Monetario Internacional a presidentes de bancos de ámbito internacional.

Una vez más, los tiempos que corren han puesto en valor la importancia de la justicia y acrecentado el protagonismo de Jueces para la Democracia en la defensa de los más débiles, ya sean quienes han sido desahuciados por el impago de su hipoteca, trabajadores en precario, víctimas de las preferentes, menores, discapacitados o migrantes. Y ahí la labor de los asociados se ha revelado fundamental. Su activismo judicial a través de cuestiones prejudiciales ante instancias judiciales superiores ha culminado con éxito.

Han transcurrido 34 años de nuestra historia en los que hemos perseguido una justicia independiente, sin injerencias externas, provista de medios, transparente y atenta con el ciudadano pero la lucha continúa.

Ignacio González Vega es portavoz de Jueces para la Democracia.

(Artículo publicado en El País)