martes, 13 de septiembre de 2016

JpD denuncia el machismo en los puestos gubernativos del Poder Judicial

Con motivo de la apertura del nuevo año judicial, Jueces para la Democracia emitió la pasada semana un comunicado en el que además de denunciar la grave situación en la que se encuentra la administración de justicia y los ataques a la independencia judicial exigía del Consejo General del Poder Judicial un cumplimiento escrupuloso de los principios de mérito, capacidad e igualdad de género en la política de nombramientos. En los últimos tiempos hemos asistido a nombramientos para las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y de la Audiencia Provincial de Barcelona donde fueron preteridas dos experimentadas magistradas con más méritos y antigüedad que los elegidos con clara infracción de los acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial y de su Comisión de Igualdad.


La información sobre el acto judicial de la semana pasada se acompañaba de una fotografía en la que posaban junto a Felipe VI el presidente y los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Las apariencias engañan. Sorprendentemente no aparecía ninguna mujer a pesar ser mayoría en la carrera judicial. Esta discriminación queda patente al comprobar que de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, solo uno está presidido por una mujer. Otro tanto podemos decir de las Audiencias Provinciales, de 50 solo 8 están presididas por mujeres.

Jueces para la Democracia quiere, por ello, denunciar el “machismo judicial” con la ausencia de mujeres en puestos gubernativos. A pesar de las incorporaciones masivas de mujeres en las últimas promociones éstas siguen sin tener visibilidad en la cúpula judicial. Y ello es expresión de una realidad desigual e injusta, ante lo cual Jueces para la Democracia defiende la necesidad de impulsar medidas para remover los obstáculos en la promoción de juezas, tal y como estableció el Plan de Igualdad del CGPJ aprobado en 2013 para que la igualdad de oportunidades de las mujeres en la carrera judicial sea igual y efectiva, logrando una igualdad de resultados.