lunes, 12 de septiembre de 2016

Entrevista a Ignacio Gonzalez Vega, portavoz de (JpD) en Cuartopoder.es


González Vega (JpD): “El Gobierno trata de instrumentalizar la Justicia en su beneficio”

Íñigo Corral 
El magistrado Ignacio González Vega, nuevo portavoz de Jueces para la Democracia. / JpD
El magistrado Ignacio González Vega, nuevo portavoz de Jueces para la Democracia. / JpD
Ignacio González Vega lleva medio año ejerciendo como portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), una asociación judicial de carácter progresista. Sus críticas hacia la labor del Gobierno del PP en materia de Justicia son bastante duras, al punto de sostener que el Ejecutivo trata siempre de instrumentalizar a la Administración de Justicia para que actúe en su propio beneficio.

— Arranca un  nuevo año judicial y ustedes hacen un balance casi apocalíptico de la Justicia. ¿Tan mal está la situación para JpD?
Bueno, para nosotros la situación de la Justicia es un problema que ya viene de lejos. A pesar de los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo, no parece que haya habido alguna vez una voluntad clara de dar una solución integral y permanente al servicio público de la Justicia.

— Denuncian en un comunicado que salió a la luz hace una semana la falta de un proyecto político valiente y definitivo que afronte los verdaderos problemas, pero ¿cuáles son esos problemas?
En ese comunicado hacemos una ligera descripción. Por ejemplo, decimos que la organización judicial es decimonónica con juzgados que funcionan como órganos unipersonales, con oficinas aisladas y con unidades cerradas en relación con los otros órganos jurisdiccionales. Nosotros apostamos por una oficina de siglo XXI, más acorde con los tiempos que corren. También es verdad que es necesario acometer reformas que estos años no se han hecho y que son de gran calado, como son los tribunales  de instancia. Fíjese que la llamada ‘nueva oficina judicial’ ya es vieja a pesar de que lleva en funcionamiento sólo trece años, por no hablar de la digitalización de los expedientes. Son reformas que están pendientes y que, como no se acometen, al final es preciso un gran esfuerzo inversor.

— ¿Se atreve a poner una nota a la gestión del ministro Rafael Catalá?
Tanto como poner una nota no, pero sí subrayar el balance negativo de los años que ha estado el PP en el Gobierno. Desde el punto de vista de la Justicia ha sido un periodo totalmente infructuoso. No ha habido por parte del Gobierno una voluntad clara de mejorar y modernizar la Administración de Justicia. Lo que sí percibimos es que en algunas de las reformas que señalamos en ese comunicado son, sobre todo, intentos por parte del Ejecutivo de instrumentalizar la Administración de Justicia en su propio beneficio.

— Ustedes fueron también muy críticos con la reforma de la ley, anunciada a bombo y platillo por el ministro de Justicia, gracias a la cual iba a desaparecer el papel de los juzgados desde el pasado 1 de enero.
Fuimos críticos precisamente porque las leyes no pueden hacerlo todo y es necesario que un texto legal vaya acompañado de un esfuerzo económico importante, de una inversión. Claro que estamos a favor de modernizar la Administración de Justicia, pero es evidente que ese proyecto o cualquier otro debe dotarse de los medios económicos necesarios porque en caso contrario estaría abocado al fracaso.

— Tampoco estuvieron muy benevolentes con  la labor llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial al que consideran un “apéndice del Ministerio de Justicia”.
La reforma que llevó a cabo Alberto Ruiz Gallardón sólo sirvió para, una vez más, provocar el desconocimiento de la separación de poderes. Lo que en realidad produjo fue un desapoderamiento de competencias constitucionales del Consejo General del Poder Judicial y, por otro lado, se instauró un modelo presidencialista en cuanto a su funcionamiento. Creemos que ese modelo de Consejo que se instauró es inconstitucional y lo que nosotros pedimos es que se recupere el sistema antiguo en cuanto a las competencias.

— Aunque es difícil saber si ahora mismo es ya papel mojado, ¿están de acuerdo con el pacto suscrito entre PP y Ciudadanos para reformar la ley y que fueran los propios jueces quienes eligieran a doce vocales del Consejo?
Entiendo que el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos ya no es vigente porque ha resultado fallida la elección de su candidato. En ese pacto había algunas cosas que nosotros suscribíamos pero luego había otras que estaban redactadas de una forma tan genérica que era necesario detallar.

— Sí, ¿pero apuestan por ese modelo?
Tengo que poner en evidencia que Ciudadanos en su momento suscribió otro pacto con el PSOE con algunos puntos en materia de Justicia que optaban, por ejemplo, por un sistema de elección parlamentaria. En este caso opta con el PP por un sistema de elección corporativa. En nuestro congreso de hace dos años, que hicimos en Oviedo, se apostó por un sistema de elección corporativa. Eso sí, nosotros lo que pedimos en su caso es que de implantarse el sistema de elección por los propios jueces haya una representación de todas las sensibilidades existentes en la carrera judicial y que, incluso, se respete el principio de paridad de género.

— ¿Serviría esa reforma para despolitizar la política de nombramientos que también denuncian en su comunicado?
La despolitización de la Justicia es un tema que no sólo depende del Consejo sino que depende también de otros factores. Lo que denunciamos es que el Ejecutivo trata de instrumentalizar la Administración de Justicia en su propio beneficio porque creemos que trata de presionar a determinados jueces, que se encuentran en órganos judiciales donde se ventilan asuntos que afectan directamente al Ejecutivo, para que dicten resoluciones en un sentido u otro. Hemos visto como, por ejemplo, el Ministerio del Interior en las conversaciones que se destaparon aludía a la Fiscalía como un elemento a su servicio.

— Sin embargo, Carlos Lesmes destacaba en su discurso  en la apertura del  Año Judicial  la “rabiosa” independencia de los jueces en la lucha contra la corrupción.
Creo que el 99 por ciento de los jueces, por no decir todos, son independientes e imparciales en el ejercicio de sus funciones. Además hay un sistema que funciona que es el de la abstención y la recusación en los casos en los que hay una apariencia de parcialidad, en el que son los propios miembros compañeros del tribunal los que han de decidir en última instancia si ese juez está en condiciones de poder enjuiciar un asunto.

— ¿Cuál sería la primera reforma que Jueces para la Democracia reclamaría al próximo ministro o ministra de Justicia?
En primer lugar que haya una voluntad clara de emprender un proyecto ambicioso. Y, además, que ese proyecto no dependa en exclusiva del ministro de Justicia. Creo que lo primero que tendría que hacer es escuchar a las partes interesadas en ese servicio público, reunirlas y partir de ahí empezar a trabajar junto con las otras fuerzas políticas. Después tendría que hacerlo con los colectivos de jueces, fiscales o abogados y con los profesionales de la Justicia en general y también con la sociedad, incluidas las  organizaciones de usuarios, para tratar de poder dar una solución que pueda ser integral a todos los problemas y que se escuche a todos los afectados por el servicio público.

— ¿Quiere decir que echan de menos cierta falta de diálogo en esta etapa de PP en el Ministerio?
En estos cuatro años ha habido más propaganda que otra cosa. Es cierto que  el Partido Popular en el Ministerio de Justicia ha recibido a las asociaciones de jueces, lo que pasa es que después ha sido más para hacer una foto que para buscar una solución a los problemas.

— Para terminar una última cuestión porque todas las asociaciones de jueces parece que son partidarias de reeditar un nuevo pacto de Estado por la Justicia, ¿lo ve viable?
Por supuesto. Lo mismo que en Sanidad o en Educación, creo que es necesario. No es aconsejable acometer una regulación de forma unilateral por un partido, sino que hay que buscar el consenso con el resto de las fuerzas políticas porque eso le da una mayor estabilidad al proyecto, con una solución consensuada.  Si se realiza un proyecto únicamente con una mayoría absoluta con una enfoque unilateral, como ha pasado por ejemplo en Educación, ese proyecto estará abocado al fracaso cuando se produzca un cambio de mayorías en el Parlamento.