miércoles, 21 de septiembre de 2016

Comunicado JpD Valencia sobre apertura del año judicial

Ante la celebración del acto solemne de apertura del año judicial en el ámbito valenciano, desde Jueces para la Democracia (JpD) entendemos que resulta adecuado efectuar un análisis sobre la situación de nuestra administración de justicia. Y resulta necesario partir de las notables insuficiencias que continúan afectando a nuestro sistema judicial y que están provocando un descontento visible en la ciudadanía, como se refleja en los estudios de opinión.

En la actualidad, gran parte de los órganos judiciales valencianos están trabajando con una carga superior al 200% de la entrada de asuntos prevista por el CGPJ, según indican sus propios informes. El resultado de esta sobrecarga es una importante demora en la resolución de los asuntos, lo cual afecta muy negativamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a las expectativas de ciudadanos y ciudadanas a que sus litigios se resuelvan en plazos razonables. 

A pesar de estas insuficiencias estructurales y en un contexto de creciente litigiosidad, en los últimos cinco años no se ha creado ningún nuevo órgano judicial, lo cual no tiene precedentes en las últimas décadas. Y ello a pesar de que en su momento se acordó la creación de 15 nuevos juzgados, que nunca llegaron a ponerse en funcionamiento. De hecho, un informe del CGPJ de 2011 ya señalaba que la Comunidad Valenciana necesitaba al menos 63 nuevos juzgados. La Comunidad Valenciana tiene los índices de litigiosidad más elevados de España, sin que ello haya provocado medidas específicas que solucionen estas alarmantes situaciones de sobrecarga.

Esta falta de respuesta institucional contrasta con unas necesidades reales que muestran con claridad la situación a la que se enfrentan los órganos jurisdiccionales valencianos: en el ámbito civil se está haciendo frente a una verdadera avalancha de procedimientos por temas bancarios, como preferentes, cláusulas suelo y todo tipo de cláusulas abusivas; en la jurisdicción penal, en el ámbito valenciano estamos a la cabeza del país en procedimientos complejos y macrocausas por corrupción; en el orden contencioso-administrativo un número insuficiente de magistrados y magistradas han de hacer frente a más de 18.000 asuntos al año; y la jurisdicción social se encuentra desbordada ante el incremento de asuntos derivados de la crisis económica, los despidos y los reajustes laborales, con señalamientos a muy largo plazo, ante la imposibilidad de hacer frente en plazos más cortos al volumen de trabajo. En el mismo sentido, los juzgados mixtos de las distintas comarcas valencianas están de forma sistemática por debajo del número de juzgados con el que debían contar.

En particular, debemos remarcar que compartimos la preocupación de la sociedad valenciana por la enorme cantidad de investigaciones judiciales por casos de corrupción. La actuación de las tramas corruptas es una verdadera amenaza para las instituciones y para el Estado de Derecho. Nuestros órganos judiciales necesitan de más peritos especializados, expertos en delincuencia financiera y agentes policiales dedicados a esta problemática, porque están en juego valores esenciales de nuestra democracia.

Por otro lado, la carencia de medios materiales continúa siendo especialmente preocupante, con algunas excepciones. Numerosos edificios judiciales no cuentan con las suficientes condiciones de salubridad, ni cumplen correctamente las normas de seguridad y salud laboral, especialmente en los pueblos. Y una muestra clara de estas insuficiencias es la precaria situación del Tribunal Superior de Justicia, el edificio judicial más emblemático de la Comunidad Valenciana, que todavía tiene pendiente su rehabilitación prometida desde hace muchos años. Además, las plantillas de personal se han reducido en los últimos años y por ello resultan insuficientes para hacer frente a un creciente número de asuntos. Consideramos que debe agilizarse el proceso de digitalización, para que en algún momento pueda alcanzarse la desaparición del papel en los órganos judiciales, pero para ello hay que contar con los instrumentos tecnológicos adecuados.

En consecuencia, hacemos un llamamiento a la administración autonómica y al gobierno central, para que incrementen de forma sensible los presupuestos en materia de justicia. Debemos recordar que el Estado de Derecho se basa especialmente en la existencia de órganos judiciales que tutelen los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y ello solo puede llevarse a cabo con unos instrumentos esenciales que hagan posible el ejercicio de las funciones del poder judicial.

SECCIÓN TERRITORIAL VALENCIANA DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA