lunes, 15 de junio de 2015

JpD reclama la creación de mil juzgados para poner al día la justicia

1.- Hasta que comienza en España la Gran Recesión de 2008 la Administración de Justicia venía incrementando su tamaño regularmente. Desde entonces permanece con la misma dimensión, sin acomodarse al incremento de litigiosidad que esta grave depresión económica ha supuesto. Aunque en los primeros años de la crisis se mantuvo un modesto crecimiento que supuso la creación de sesenta juzgados al año, a partir de la llegada al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, en el año 2011, se congela la planta judicial, se eliminan 1500 jueces sustitutos y dejan de constituirse juzgados y tribunales.

























La litigiosidad, sin embargo, no para de crecer. La jurisdicción social se ha visto desbordada por las consecuencias de la crisis y por la aplicación de la reforma laboral, que ha contribuido objetivamente al aumento de las demandas por las ventajas que para las empresas supone resistirse a las pretensiones de los trabajadores. Además la supresión de los jueces sustitutos ha ampliado en algunos casos los tiempos de respuesta de la jurisdicción, estimulando a los trabajadores a conciliaciones perjudiciales para sus intereses.

Otro tanto acontece con el orden jurisdiccional civil, también desarbolado en algunas localidades por la ola de litigiosidad que han supuesto las reclamaciones contra cláusulas abusivas, la oposición a ejecuciones hipotecarias, contratos bancarios, permutas financieras, preferentes y últimamente la venta de acciones de Bankia. Los Juzgados de lo Mercantil también se han visto sobrepasados por el incremento de las insolvencias empresariales y familiares, y por los litigios sobre condiciones generales de la contratación, en particular sobre cláusulas suelo, que están llevando los señalamientos a años vista. El orden contencioso ha sufrido vaivenes y el penal se ha convertido en el recipiendario de cualquier reclamación.

2.- Conocido es que las consecuencias de la crisis han querido ser escondidas por los responsables del Ministerio de Justicia por medio de la implantación de unas tasas judiciales disuasorias, que han permitido disimular durante varios años, hasta su reciente derogación parcial, el indudable incremento del número de asuntos judiciales que propicia la conflictividad social. 

Esa derogación, que sigue sin beneficiar a las pequeñas empresas que de modo ocasional acuden a los tribunales, tratadas de modo semejante que los grandes usuarios de la Administración de Justicia que son las entidades financieras, de crédito y aseguradoras, es insuficiente y debiera ampliarse. Pero al suprimirse en parte, se ha puesto de manifiesto que, efectivamente, cumplieron esa finalidad de impedir a los ciudadanos acceder al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24 CE. 

3.- Nos encontramos, por lo tanto, con un panorama desolador. La planta judicial no crece desde hace un lustro, y la litigiosidad no para de incrementarse. Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas se han instalado en una cómoda dinámica, pues las limitadas plazas judiciales que se crean, que no se traducen en nuevos juzgados y tribunales, se solventan con la simple colocación de una silla y un ordenador en cualquier rincón de los Palacios de Justicia. 

A pesar de que se sostiene que ha habido incremento de la planta, la realidad demuestra que sólo se han reforzado órganos desbordados, sin planificación para afrontar las crecientes necesidades ciudadanas. Una sociedad madura como la española, que habitualmente acude a los tribunales como cauce civilizado de resolución de conflictos, está siendo defraudada con esta política restrictiva, que hurta cada año los doscientos juzgados que son precisos para atender el incremento de procedimientos. 

Órganos Judiciales Colegiados
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tribunal Supremo
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
Audiencia Nacional
61
59
59
59
59
59
59
59
59
56
56
TSJ
714
545
545
545
545
491
483
478
469
468
447
Audiencias Provinciales
935
827
827
827
827
815
795
779
764
756
724


4.- La situación actual no ha estallado de forma generalizada por el esfuerzo del personal de la Administración de Justicia y la magistratura. Sólo se comprende que pueda seguirse atendiendo el aumento de las peticiones de tutela judicial por la dedicación, cada vez superior, de los funcionarios y personal que tienen encomendado el funcionamiento de la Administración de Justicia y quienes integran el Poder Judicial. 

Pese a la disminución de efectivos que ha supuesto la expulsión de los jueces y juezas sustitutos y suplentes, reducidos a un número prácticamente simbólico por la práctica desaparición de esta partida presupuestaria, se ha mantenido la respuesta judicial, pero a costa de un incremento significativo de la dilación. Cada vez son más los órganos sobrecargados, según los estudios del Consejo General del Poder Judicial, y cada vez más la demora de las fechas para celebrar vistas y juicios.

5.- Esta situación tiene que remediarse ya. No es posible que sigan sin crearse juzgados. La presente situación no se va a paliar con la actual política de precarizar las nuevas promociones de la judicatura, que se llevan de un lugar a otro con poco criterio y escasa efectividad. Los derechos de los ciudadanos, que son los que tutela el Poder Judicial, necesitan que éste se organice con un tamaño suficiente y mayor eficiencia. Es preciso volver al nivel de creación de Juzgados y Tribunales que había antes de que comenzara la crisis, aunque ello suponga una inversión notablemente superior a la que ahora se dedica a esta finalidad. 

6.- Por todo ello Jueces para la Democracia reclama del Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y Comunidades Autónomas con transferencia en materia de justicia, que con la mayor urgencia acomoden el tamaño de la Administración de Justicia a las actuales necesidades de la ciudadanía, procediendo a la inmediata creación de los mil juzgados que debieran haberse puesto en marcha durante el último lustro, con el fin de que la sociedad pueda seguir confiando a sus tribunales la tutela, sin las actuales dilaciones, de sus derechos fundamentales y libertades públicas.