viernes, 5 de junio de 2015

Comisión de lo Social JpD: Constitución y Justicia en el siglo XXI

La Constitución instaura un estado social y democrático de derecho, presidido por valores superiores, como lo son la libertad, la justicia y la igualdad. 

No hay libertad cuando trabajadores y trabajadoras deben aceptar condiciones de trabajo que no les permiten progresar social y económicamente, obligándoles a renunciar a proyectos de vida imprescindibles.

Se vulnera la igualdad cuando se ahonda en los desequilibrios y se recorta cualquier margen de reacción frente a ellos, negando de facto la posibilidad de reivindicar una mejora en las condiciones de trabajo o de oponerse a las impuestas injustamente.

Cuando un Estado permite que esos valores superiores se conviertan en pura retórica e impide a sus ciudadanos hacerlos propios, se instaura la injusticia social y se cierran las puertas al progreso.

La Comisión Social ha venido denunciando reiteradamente la situación a la que podía abocar la progresiva introducción de reformas laborales que ampliaban el poder de disposición del empresario sobre las condiciones de trabajo, liberándole de controles administrativos o judiciales. También la incidencia social de la progresiva degradación de las condiciones de trabajo, que ha multiplicado el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que no pueden subsistir con sus salarios, con los que deben además afrontar la falta de ingresos por la situación de desempleo en la unidad familiar. Se ataca con ello a la dignidad de la persona, se menoscaban sus condiciones de vida, se ahonda en la desigualdad y se produce una fractura social difícilmente reparable.

Y los magistrados y magistradas de lo social no podemos ni debemos permanecer al margen de esa realidad. Cuando los principios, valores y derechos constitucionales dejan de ser límites en la actuación de las empresas, con el aval de la ley, cuando se ignoran los derechos reconocidos en normas internacionales y de la unión europea, cuando no se respeta en suma el marco constitucional y legal, la única garantía que tienen los ciudadanos es la tutela judicial que podamos ofrecerles.

Es inadmisible que desde determinados partidos, organizaciones empresariales, foros económicos e incluso desde el Banco de España se ataque nuestra función. Son especialmente ofensivas las recomendaciones de instituciones económicas y financieras internacionales dirigidas a liberalizar el “mercado” de trabajo, operación que, según denuncian, estaríamos impidiendo con nuestra actuación reactiva a la aplicación de la/s reforma/s laborales.. 

Se ofrecen fórmulas como el contrato único y su extinción sin causa, como panacea frente a la denostada dualidad y segmentación, y ocultan su inoperancia ante la destrucción de empleo generada por el descenso de la demanda de bienes y servicios, que a la vez prevén y controlan. 

Creemos que no puede otorgarse por ningún gobierno aval a la obtención de beneficios por las grandes empresas a costa de los derechos y condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. No es ético ni responde a postulados económicos sacralizados, genera desigualdad e inestabilidad social y consolida un sistema profundamente injusto.

No podemos ser cómplices de ello. Tampoco dejar de denunciarlo como asociación progresista, rebatiendo las constantes injerencias y presiones en el ejercicio de nuestra función. Continuaremos interpretando y aplicando las leyes laborales conforme a los derechos y principios constitucionales que configuran el Estado social y democrático de derecho, porque así lo creemos, lo sentimos y porque es nuestra obligación como jueces constitucionales.

Documento aprobado por el 30º Congreso de Jueces para la Democracia. Cádiz Junio 2015