lunes, 2 de febrero de 2015

JpD en solidaridad con los jueces despedidos tras el golpe de estado en Honduras

1.- Las organizaciones Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades van a presentar un escrito de Amicus Curiae (colaboración con el tribunal) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para apoyar la demanda presentada contra el Estado de Honduras por la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con la finalidad de que se declare que el despido de los jueces Tirza Flores Lanza, Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha y Ramón Barrios Maldonado, que tuvo lugar inmediatamente después del golpe de estado que derrocó al presidente constitucional, violó los derechos y las garantías que protege la Convención Americana de Derechos Humanos y supone un grave atentado contra la independencia judicial y el Estado democrático de derecho.

2.- Los jueces hondureños fueron sancionados con la separación de sus cargos por haber denunciado, mediante el ejercicio del derecho a la libre expresión de opiniones, el golpe de estado que tuvo lugar el 28 julio 2010 y defender el orden constitucional. Con su despido los poderes de facto intentaban restringir la independencia judicial y someter políticamente al poder judicial. Las autoridades que les sancionaron trataron de legitimar la ruptura del orden jurídico democrático como una "sucesión constitucional" y necesitaban acallar la disidencia interna en los aparatos del Estado.

3.- Los jueces represaliados representaban una corriente de opinión crítica de la magistratura de Honduras que, enfrentada a la jerarquía judicial, reivindicaba y reivindica la independencia de los jueces como mecanismo de garantía de la tutela efectiva de los derechos y las libertades de las personas, con el propósito constitucional de hacer resistentes a los jueces y tribunales frente a las presiones de los poderosos, para servir a la Constitución y a la ley y a la mejor defensa de los derechos humanos de todos, especialmente de los sujetos vulnerables. Su destitución, coetánea en el tiempo, por reivindicar el orden jurídico constitucional fue un acto de depuración política inconcebible en un Estado democrático.

4.- La reparación de esta grave violación del derecho pasa necesariamente por la restitución en el cargo de los cuatro jueces, único modo de restaurar la vigencia de los valores constitucionales y de la independencia judicial, de impedir que los Estados sancionen arbitrariamente a los jueces.

Secretariado de Jueces para la Democracia