jueves, 15 de enero de 2015

Ciudadanía sumergida

EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI
Magistrado 

En 2015 seguirá habiendo personas cuya ciudadanía, como la economía, esté sumergida en la alegalidad. Si terrible es que parte de la economía se sitúe fuera del sistema, resulta enervante que el ordenamiento jurídico del Estado Social y Democrático de Derecho posibilite que numerosas personas queden excluidas de la sociedad por la pasividad del legislador. Esto sucede hoy en España, único país de la Unión Europea, junto a Bulgaria, que no dispone de remedios legales para superar la insolvencia de las personas físicas. 

Actualmente no hay limitación legal al principio de responsabilidad patrimonial universal que proclama el art. 1911 del Código Civil y el 105 de la Ley Hipotecaria (como bien saben quienes han perdido su vivienda y siguen debiendo el préstamo que la financió), de modo que las personas desempleadas no pueden regresar al mercado de trabajo, siguen debiendo para siempre, destinando lo poco que consigan a pagar unas deudas eternas. 

Las personas jurídicas pueden renacer de sus cenizas, liberándose de las deudas que ocasionaron su insolvencia, mediante la liquidación o el procedimiento concursal. Pero las personas físicas no tienen semejante tratamiento jurídico, y no pueden zafarse de sus deudas anteriores, aunque no fueran responsables de su desgracia, ni siquiera tras un riguroso procedimiento concursal que exija la responsabilidad correspondiente.

Al no disponer de un instrumento legal homologable al de cualquier sociedad civilizada, abocamos a nuestros conciudadanos a una situación de “ciudadanía sumergida”. Desde “El contrato social” de Rousseau se diferencia entre súbdito y ciudadano. La Revolución Francesa situó en la ciudadanía la soberanía popular, constituyendo a los ciudadanos en sujeto de derechos y obligaciones, por encima del poder absoluto, la monarquía, Dios o la nación. Ser ciudadano es garantía de dignidad.

Pero los ciudadanos españoles afectados por la crisis, los que actuaron de buena fe y han perdido su trabajo o vivienda, están condenados por el ordenamiento jurídico, que no les concede una segunda oportunidad, a vivir en una suerte de ciudadanía sumergida. Existen, pero no tienen derechos. No pueden acceder a un contrato de trabajo, porque si lo hacen, la mayor parte de su salario será embargado para abonar unas deudas que, además, no paran de incrementarse como consecuencia de la existencia de intereses y gastos judiciales. Por lo tanto optan, irremediablemente, por trabajar “en negro”. Todo el tiempo que lo hacen escamotean a sus acreedores sus ingresos, pero no cotizan a la Seguridad Social. No tendrán derecho, por lo tanto, a las prestaciones del sistema de protección social, en particular, la de desempleo. Y tampoco tendrán, en el futuro, una pensión de jubilación acorde con los ingresos que nunca se declararon. 

Estas personas no podrán emprender nuevos negocios o empresas para superar su situación, porque ni se les concederá crédito por su situación de permanente insolvencia, ni podrán ser titulares de los mismos. A diferencia de los sistemas anglosajones de bankruptcy o la continental remisión de deudas, que conceden a quienes han protagonizado un mal negocio o padecido una adversidad que no les sea imputable, la posibilidad de iniciar otros que no lo sean o de superar su situación con ciertas garantías para los acreedores, los insolventes españoles son extrañados del mercado laboral, de la protección del desempleo, de la posibilidad de una vejez digna, o de ser titulares de bienes o negocios. Es decir, se les priva de futuro. 

Si adquieren propiedades, les serán legítimamente arrebatadas por sus acreedores. No podrán acceder a la titularidad de un vehículo, disponer de una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Comprar vivienda queda descartado porque se les embargaría, y alquilar será complejo, porque habrían de explicar cómo obtienen los recursos para pagar la renta. 

Lo sorprendente es que para el sistema fiscal sería útil recuperar a estas personas, que para el régimen de Seguridad Social supondría una contribución a su sostenimiento, que para el sistema bancario habría nuevos clientes, o que para la economía en general sería útil no apartar para siempre a muchas personas que pueden emprender negocios que no siempre resultarán fallidos. Además supone una lacerante injusticia que no se regule la segunda oportunidad para estos ciudadanos que han dejado de serlo, porque no pueden tener trabajo digno, pagar impuestos, disponer de riqueza o ver amparados los derechos que dignifican a cualquier ciudadano. 

Bien entrados ya en el siglo XXI tendríamos que superar esta situación, propiciando una reforma concursal que permita una segunda oportunidad para todos aquellos ciudadanos que, como ya sucede con las personas jurídicas, recupere la ciudadanía de quienes están sumergidos en esta negra alegalidad. Es sencillo, sólo hay que cambiar la ley. Para ser como el resto de Europa y ofrecer algún futuro a nuestros conciudadanos.

(Artículo publicado en el periódico "El Correo" el 15 de enero de 2015)