miércoles, 26 de noviembre de 2014

Acción ante la ONU sobre Independencia Judicial









A LA RELATORA ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS

Estimada Sra. Knaul,

Las organizaciones firmantes[i] nos ponemos en contacto con usted para poner en su conocimiento la difícil situación que está atravesando la independencia judicial en España. La Relatora ha puesto de manifiesto que “el Estado de Derecho, la democracia, el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial, así como la independencia e imparcialidad de los magistrados y los jueces, están interconectados”[ii]. Diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes y ello tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho. Estas actuaciones pretenden limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional inherentes al poder judicial, en un contexto marcado especialmente por los numerosos casos de corrupción que se están investigando así como por importantes restricciones a los derechos fundamentales[iii] y por recortes a los presupuestos de justicia.

E En 2013 se reformó el Consejo General del Poder Judicial mediante la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio.[iv] La norma fue promulgada a propuesta del Gobierno y fue aprobada exclusivamente por la fuerza política que lo apoya, el Grupo Parlamentario Popular, con la oposición de todos los demás partidos representados en el Parlamento español.[v] Dicha reforma contó con la oposición de todas las asociaciones judiciales, que presentaron informes desfavorables a la misma.[vi] Posteriormente los integrantes de este órgano fueron nombrados por el Parlamento a través de un pacto de cuotas entre los principales partidos políticos.[vii]  El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que debe velar por la independencia judicial y el que gestiona aspectos tan sensibles para la misma como el régimen disciplinario y los ascensos profesionales. Con esta vinculación tan evidente al poder político, el Consejo General del Poder Judicial no puede garantizar la división de poderes. Más bien al contrario, su propia configuración (al estar compuesto por jueces y juristas elegidos íntegramente por los poderes políticos) supone un riesgo potencial para la independencia judicial.[viii]

Posteriormente, el Gobierno ha aprobado en fecha 4 de abril de 2014 un Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial[ix] en la que pretende modificar la estructura de la administración de justicia. Las tres asociaciones judiciales que suscriben esta carta presentaron informes críticos con esta reforma[x]. Algunas de las preocupaciones que plantea esta reforma son las siguientes. Se crearía una nueva ordenación territorial a través de órganos provinciales, a cuyo frente estaría un presidente concebido como cargo de confianza del órgano que lo ha designado, el Consejo General del Poder Judicial[xi] (el cual, como hemos indicado en el párrafo anterior, ha sido configurado a través de un reparto de cargos entre el poder político). El citado presidente tendría facultades jurisdiccionales. Y, en materia de corrupción, este presidente junto con otros presidentes de sección nombrados igualmente de forma discrecional por el Consejo General del Poder Judicial y por razones de confianza tendrían la potestad de modificar (de manera sobrevenida y libremente) la composición de los órganos judiciales cuando se encuentran realizando investigaciones penales por corrupción.[xii] Ello permitiría alterar el curso de dichas investigaciones, en función de criterios que, en última instancia, proceden del poder político, lo cual atentaría contra la independencia judicial.

Dicha reforma igualmente introduce prohibiciones a la libertad de expresión de los jueces y de sus asociaciones, restringiendo así su derecho a participar en la vida pública.[xiii] De conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, las limitaciones a la libertad de expresión tienen que estar justificadas y ser proporcionadas.[xiv] Limitar la capacidad de los jueces para opinar no fortalece ninguna institución del Estado. Se pretende restringir opiniones por el hecho de resultar molestas para ámbitos del poder político que buscan blindarse. Lo que se pretende es prevenir que los jueces puedan crear incomodidades en el ámbito público, pero en eso consiste la libertad de expresión.

Otro aspecto preocupante de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es que establece el carácter vinculante para los jueces de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que será de aplicación obligada, en los términos de los artículos 32 y siguientes del Anteproyecto. Ello resulta contrario al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español. Impedir que los magistrados puedan obrar según su propio criterio jurídico constituye una amenaza a la independencia del poder judicial.

Unido a todo lo anterior, desde el Gobierno no se asignan recursos suficientes a los órganos judiciales para investigar la corrupción. Y ello, a pesar de que la cuestión de la corrupción política es un grave problema y tanto jueces como fiscales han pedido más medios y recursos para poder investigar estos casos de manera efectiva y sin retrasos.[xv] Sin embargo, nuestro país se encuentra a la cola de Europa en el número de jueces por habitante y también en el gasto en Justicia sobre el Producto Interior Bruto (PIB).[xvi] Esta situación dificulta especialmente las investigaciones penales y habitualmente las retrasa hasta extremos desproporcionados. Determinados asuntos de gran relevancia pública, al afectar a conocidos cargos públicos, han tenido una instrucción que ha durado muchísimo tiempo.[xvii] Y en otros casos la falta de recursos impide una investigación adecuada.[xviii] El presupuesto para justicia se redujo en 2013 un 4,21% y 2,31% en 2014.[xix] Hace poco las asociaciones de jueces y de fiscales han emitido un comunicado conjunto de queja ante esta situación.[xx] Todo ello está provocando entre la ciudadanía el descrédito de las instituciones y una creciente sensación social de que el poder político puede actuar con impunidad. Difícilmente nuestros órganos judiciales pueden actuar con independencia para investigar los centenares de casos abiertos por corrupción si desde el poder político no se asignan los medios necesarios. En todos los estudios de opinión realizados por los organismos oficiales la corrupción es percibida por los ciudadanos como uno de los principales problemas del país, solo superado por la situación económica y el desempleo.[xxi]

Además, se producen habitualmente todo tipo de formas de presión contra los jueces que investigan de forma independiente la corrupción, a través de descalificaciones de políticos y de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación.[xxii] Las descalificaciones personalizadas de jueces por parte de los políticos pretenden que los magistrados modifiquen sus resoluciones y eso es un ataque a su independencia. Se pretende influir en los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico de forma incorrecta y esas conductas son ilegitimas, porque los magistrados actúan a través de criterios de legalidad y no de oportunidad. Estas presiones de cierta entidad se complementan con el hecho de que quienes están señalados negativamente desde el ámbito político saben que podrían potencialmente sufrir efectos disciplinarios o limitaciones en su promoción profesional por parte del Consejo General del Poder Judicial, a causa de sus referidas vinculaciones a intereses políticos.

Ante la gravedad de la situación provocada por todas estas acciones en su conjunto, las organizaciones firmantes hemos instado al Gobierno para que se adopten las medidas necesarias y que se respete el principio de separación de poderes propio del Estado de Derecho. Entre las medidas reclamadas se encuentra la modificación en la estructura del Consejo General del Poder Judicial, la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la asignación de más recursos al sistema judicial.

Por tanto, le pedimos respetuosamente que, en el ejercicio de su mandato, se dirija al Gobierno español a fin de que se retire el Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tome medidas para dotar de recursos suficientes a los jueces y tribunales españoles así como para asegurar que no se producen mermas o intromisiones del ejecutivo en la independencia judicial, recordándole cuales son sus obligaciones vinculantes de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo solicitamos a la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados que realice una visita oficial a España para analizar directamente las dificultades que está atravesando la Justicia independiente en nuestro país, habida cuenta de la gravedad que ha alcanzado la situación.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita información adicional o alguna clarificación.

Atentamente,

RIGHTS INTERNATIONAL SPAIN
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE





[i] Entre ellas, tres asociaciones judiciales, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, representan juntas a la mayoría de jueces y magistrados asociados en España.
[ii] Informe anual a la Asamblea General de la ONU, Doc. A/HRC/14/26, de 9 de abril de 2010.
[iii] Por ejemplo, ver la Campaña #SinJusticia de Rights International Spain http://rightsinternationalspain.org/es/campanias/1/sinjusticia
[v] “El PP reforma el Consejo General del Poder Judicial a su medida”, en El País http://politica.elpais.com/politica/2013/07/07/actualidad/1373215619_488372.html
[vi] Críticas a la reforma del Consejo General del Poder Judicial por parte de asociaciones judiciales, por ejemplo, se puede ver Magistrados impugnan en el Supremo la reforma del Poder Judicial de Gallardón” en El País,
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/31/actualidad/1391168471_227338.html, “Los jueces progresistas no participarán en la renovación del CGPJ”, El País, http://politica.elpais.com/politica/2013/05/24/actualidad/1369423397_146162.html . Informe de Jueces para la Democracia al Proyecto de reforma del CGPJ, disponible en  http://www.juecesdemocracia.es/pdf/INFORMEREFORMACGPJMarz13.pdf-
vii En concreto, ocho miembros fueron elegidos (vocales procedentes del turno de juristas) tras un acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios, y los doce restantes (turno de magistrados) fueron nombrados con un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE (partido mayoritario de la oposición). Ver asimismo, “PP y PSOE culminan el reparto político del CGPJ”, en El Mundo http://www.elmundo.es/espana/2013/11/25/52939a2a63fd3d71458b4573.html ; “Amplio pacto político para un Poder Judicial de mayoría conservadora”, El País http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384858159_881879.html ; “PP y PSOE vuelven a repartirse el CGPJ, incluyendo a CiU, PNV e IU”, El Diario, http://www.eldiario.es/politica/PP-PSOE-CGPJ-PNV-IU_0_198431169.html
[viii] Ver, “Tres asociaciones de jueces se rebelan contra la ‘reforma Gallardón’ del CGPJ, en El Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/01/espana/1372698290.html ; “Asociaciones de jueces y fiscales denuncian que Gallardón está “solo” en la reforma del CGPJ, en ABC http://www.abc.es/espana/20130509/abci-jueces-fiscales-gallardon-201305091250.html ; “Gallardón presenta la reforma del CGPJ que quita poder y autonomía al Consejo” en El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2012/12/21/gallardon-presenta-la-reforma-del-cgpj-que-quita-poder-y-autonomia-al-consejo-111636
[x] Informe de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria al Proyecto de reforma de la LOPJ, disponible en http://www.ajfv.es/uploads/documentos/documentos/INFORMES/informe_alopj_.pdf; Informe del Foro Judicial Independiente al Proyecto de reforma de la LOPJ, disponible en https://drive.google.com/file/d/0ByhMNmX0p_pGekNqNGFiNHpxUE0/view. Adjuntamos a esta carta el informe de Jueces para Democracia a la reforma de la LOPJ.
[xi] Según el artículo 344 del Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la provisión de la Presidencia de los tribunales se hace mediante solicitud de los interesados que reúnan los requisitos para asumir dicha función. La resolución de dichas solicitudes corresponde, según los artículos 349 y 350 del Anteproyecto, al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (o dicho de otro modo, por la mayoría de los vocales del Consejo).
[xii] Artículos 111, 112, 113, 118, 120 y 138 del Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[xiii] Artículos 49.2 y 53.1 del Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[xiv] Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, Doc. E/CN.4/1985/4 (1985). Asimismo, Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 34 que reemplaza la Observación General nº 10 en relación con el artículo 19 sobre Libertad de opinión, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Doc. CCPR/C/GC/34, de 12 de septiembre de 2011.
[xv] Ver, por ejemplo “Los jueces decanos de toda España piden refuerzos para investigar los casos de corrupción” en RTVE.es http://www.rtve.es/noticias/20130206/jueces-decanos-toda-espana-piden-refuerzos-para-investigar-casos-corrupcion/606835.shtml; “Torres-Dulce pide ´refuerzos´ ante los casos de corrupción” http://www.lne.es/espana/2013/02/13/torres-dulce-pide-refuerzos-casos-corrupcion/1368169.html
[xvi] El último informe de la Comisión para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa, con datos del año 2012, refleja que, si la media de lo que se destina de los presupuestos generales en Europa al sistema judicial es el 2,2%, en España se destina tan sólo el 0,9% del presupuesto (de 45 Estados, España se sitúa en el puesto 40º). Por otro lado, se destina por habitante al sistema de justicia (tribunales, justicia gratuita y fiscalía) la mitad que la media europea (32,4 euros frente a 60,6). El gasto en fiscalía por habitante es de tan sólo 4,6 euros frente a la media europea de 11.4 euros). En materia justicia gratuita, en España se destinan 0,80 euros por habitante, frente a los 8,63 euros que se destinan de media en Europa. http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
[xvii] En ocasiones más de diez años. Por ejemplo, “El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del ‘caso Fabra’, en El País http://elpais.com/diario/2009/01/04/cvalenciana/1231100282_850215.html; “Una década del caso Fabra” en El Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/01/castellon/1275404212.html; “El retraso en los macroprocesos”, en el País http://politica.elpais.com/politica/2014/08/27/actualidad/1409162647_242647.html ; “Cadenas critica que se alarguen las instrucciones”, en El Faro de Vigo http://www.farodevigo.es/galicia/2014/10/06/miguel-angel-cadenas-ve-problema/1107059.html
[xviii] Esta falta de recursos ha llevado a la presentación de una demanda por la sobrecarga de trabajo y la falta de medios que afectan a todos los Tribunales del Estado español. Ver, “Los jueces progresistas presentan una demanda por la falta de medios”, El País, http://politica.elpais.com/politica/2014/11/12/actualidad/1415827790_848143.html
[xxi] Ver, entre otros, el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas público español, de julio de 2014: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3020_3039/3033/es3033mar_HTML.html  

[xxii] Por ejemplo, “Las asociaciones de jueces salen en defensa de Ruz tras los ataques de Cardenal” en Libertad Digital http://www.libertaddigital.com/espana/2014-03-05/las-asociaciones-de-jueces-salen-en-defensa-de-ruz-tras-los-ataques-de-cardenal-1276512338/ ; “El PP acusa al juez Ruz y a las fiscales de 'Gürtel' de prevaricación” en Diario Público http://www.publico.es/455062/el-pp-acusa-al-juez-ruz-y-a-las-fiscales-de-gurtel-de-prevaricacion ; “El precio de hacer justicia”, en El País http://politica.elpais.com/politica/2013/03/01/actualidad/1362168012_862477.html; “El PP-A ‘asombrado y estupefacto’ ante los ‘ataques’ del PSOE a Alaya” en El Mundo http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/27/544e86e2ca474156028b458b.html ; “Ramón Sáez Valcarcel el juez ‘antisistema’ de la Audiencia Nacional”, en Libertad Digital http://www.libertaddigital.com/espana/2014-07-08/ramon-saez-valcarcel-el-juez-antisistema-de-la-audiencia-nacional-1276523318/ ; “JpD pide al PP que deje de descalificar a la jueza que falló a favor de los escraches” en Infolibre http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/06/jueces_para_democracia_pide_que_deje_descalificar_jueza_que_fallo_favor_los_escraches_13248_1012.html; “Políticos de todos los colores se revuelven contra los ataques del “pijo ácrata” Pedraz, en El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/05/politicos-de-todos-los-colores-se-revuelven-contra-los-ataques-del-ldquopijo-acratardquo-pedraz-106728 ; “’La Gaceta’ cuestiona la imparcialidad de Gómez Bermúdez por “enemistad manifiesta” contra el PP” en El Plural http://www.elplural.com/2013/03/13/la-gaceta-cuestion-la-imparcialidad-de-gomez-bermudez-por-su-enemistad-manifiesta-contra-el-pp/ ; “Los jueces exigen respeto al “servicio público” que presta Castro”, en el Diario de Sevilla http://www.diariodesevilla.es/article/espana/1495815/los/jueces/exigen/respeto/servicio/publico/presta/castro.html.