miércoles, 24 de septiembre de 2014

Jueces para la Democracia ante la dimisión del ministro Gallardón

Jueces para la Democracia valora muy positivamente la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Su etapa ha sido especialmente negativa para nuestros juzgados y tribunales, así como para la independencia judicial y para los derechos fundamentales en nuestro país. Por ello, reclamamos al Gobierno y a su sucesor una profunda rectificación de las numerosas medidas desacertadas que se han acordado en esta etapa, así como un cambio en las formas, para que se impulse una gestión que nos pueda llevar a la amplia transformación que necesita nuestro sistema judicial.

Gallardón contaba con un peso político más que suficiente en un Gobierno con mayoría absoluta, que le permitía llevar adelante esa modernización de la administración de justicia. Pero, desgraciadamente, el ministro demostró en seguida escasa sensibilidad por los graves problemas existentes. Prefirió centrarse en el recorte de elementos esenciales del servicio público, como la implantación agresiva de unas tasas que han vulnerado seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que han dejado fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la población. Del mismo modo, de manera innecesaria ha procedido a la privatización del Registro Civil para entregarlo a los registradores mercantiles.
Además, ha aplicado reducciones presupuestarias de gran intensidad a una administración de justicia que ya contaba con unos recursos manifiestamente insuficientes, entre ellas la supresión de más de 1.200 jueces/as sustitutos/as. Y ha sido incapaz de organizar una nueva oficina judicial. La entidad de esta falta de inversión queda evidenciada con la existencia actual de varios centenares de jueces y juezas en expectativa de destino, en situación precaria y sin órgano judicial estable en el que ejercer sus funciones. Jueces para la Democracia exige la convocatoria de nuevas plazas judiciales hasta alcanzar la media europea, la adjudicación de destinos definitivos a las promociones 63 y 64, la fijación de cargas máximas de trabajo a efectos de salud laboral y la finalización de la política de precarización de la justicia que hasta ahora ha sido impulsada desde el Ministerio y apoyada por el CGPJ.
Por otro lado, Gallardón diseñó un Consejo General del Poder Judicial al servicio del poder político, en clara vulneración del papel de este organismo constitucional como garante de la independencia judicial y de la división de poderes en un Estado de Derecho. Y esta actuación resulta especialmente reprochable en un momento en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción. Toda esta gestión censurable se había visto completada con un anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende una judicatura jerarquizada, mermada en su independencia y con alarmantes posibilidades de control político.
En materia de libertades impulsó una reforma del Código Penal que opta por criminalizar la protesta ciudadana y por un endurecimiento populista e injustificado de las penas, en el que se incluye una versión de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad. El ataque a los derechos más inaceptable socialmente ha sido su proyecto de Ley del Aborto, que pretendía limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y retroceder en esta materia hasta los tiempos del régimen anterior. Resulta inconcebible que semejante iniciativa haya surgido de un gobierno europeo y desde Jueces para la Democracia celebramos que la presión ciudadana haya conseguido frenarla.
Esta gestión tan inadecuada se ha visto acompañada de unas formas muy alejadas del interés general. El ministro ha actuado de manera unilateral, a menudo con prepotencia, y ha sido incapaz de buscar consensos amplios para impulsar medidas en beneficio de la mayoría. Ha conseguido el rechazo de todos los sectores vinculados a la administración de justicia. En definitiva, el ministro Gallardón deja un paisaje judicial arrasado tras tres años de gestión, con profesionales ampliamente desmotivados, con una ciudadanía con menos derechos y con un sistema judicial bastante más deteriorado que al inicio de esta etapa. Por todas estas razones, reclamamos que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia. Desde Jueces para la Democracia seguiremos defendiendo los principios y valores del Estado Social y Democrático de Derecho.

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA