jueves, 7 de agosto de 2014

JpD ante el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria

El Gobierno acaba de aprobar el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, el cual se ha remitido al Parlamento. El análisis del texto demuestra que nos encontramos ante un paso más en la privatización de la Justicia y del servicio público que se presta actualmente a la ciudadanía. En el presente caso, el colectivo profesional al que se beneficia especialmente es al Notariado, a pesar de que no existen causas justificadas para extraer del ámbito público toda una serie de actuaciones que ahora se tramitan ante los juzgados.

Entre las medidas más criticables, desde Jueces para la Democracia valoramos que no resulta justificado que se puedan tramitar matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo ante los notarios, previo pago de aranceles. También resulta llamativo que se traslade la competencia de los juzgados a las oficinas notariales para efectuar la declaración de herederos cuando no haya testamento, para la protocolización del testamento ológrafo o para los otorgados verbalmente. Asimismo, se regula un procedimiento monitorio de carácter notarial, en el que las empresas podrán reclamar deudas derivadas de sus relaciones comerciales.

Es un elemento común en todos estos nuevos trámites notariales que se realizarán con menores garantías para la ciudadanía que los existentes actualmente en los procedimientos judiciales. Y resulta destacable que se tendrá que pagar por ejercer estas acciones, las cuales actualmente se llevan a cabo en el marco del servicio público y que ahora se pretenden privatizar. En los supuestos opcionales nos encontraremos ante una Justicia a dos velocidades, una rápida para quienes puedan pagársela y otra cada más lenta para la mayoría de la sociedad, a causa de los recortes que sigue aplicando el Gobierno en la administración de justicia.

Desde Jueces para la Democracia rechazamos esta nueva iniciativa privatizadora del servicio público, que no beneficia al conjunto de la población y sí a un colectivo como el del Notariado. Esta medida se añade a la privatización del Registro Civil a favor de otro colectivo como el de los Registradores Mercantiles al que también se quiere favorecer. Nuevamente nos encontramos con una perspectiva de desmantelamiento de nuestras instituciones públicas, que no está motivada por ninguna mejora para la sociedad y que cuenta con beneficiarios muy concretos.


SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA