miércoles, 6 de noviembre de 2013

JpD apoya las concentraciones contra las tasas judiciales

Jueces para la Democracia apoya las concentraciones que se celebrarán el próximo 20 de noviembre contra las tasas judiciales, convocadas por el Consejo General de la Abogacía. Dichas concentraciones tendrán lugar ante las sedes judiciales, al cumplirse un año desde la aprobación de las tasas. En este tiempo se han producido los perniciosos efectos que ya anunciamos en su momento.

La reducción de la litigiosidad en la jurisdicción contencioso-administrativa y en la jurisdicción civil se ha producido a costa de excluir del sistema judicial a amplios sectores de la sociedad, pertenecientes a la clase media y a la clase trabajadora, a los que se ha discriminado por motivos económicos. En estos casos las tasas judiciales han impedido ejercer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Al contrario, las grandes empresas, las entidades bancarias o los grandes patrimonios no han tenido ningún problema para acceder a la jurisdicción.

Por otro lado, el Gobierno y el ministro Ruiz Gallardón han incumplido su compromiso de que el dinero de la recaudación de las tasas serviría para mejorar la asistencia jurídica gratuita. Ha quedado confirmado que la partida relativa al turno de oficio ha sido congelada en los presupuestos de Justicia para 2014 que el Gobierno ha presentado al parlamento, por lo que ninguna cantidad procedente de las tasas se ha utilizado para mejorar esta partida. Del mismo modo, tampoco los ingresos de las tasas han servido para mejorar nuestras infraestructuras judiciales, pues el presupuesto general de Justicia ha sufrido una importante reducción.

Todo ello nos demuestra que las tasas judiciales tenían una doble finalidad. Por un lado, un objetivo puramente recaudatorio, pues los ingresos de las tasas han ido directamente a las arcas estatales para cubrir los desfases de otras partidas presupuestarias ajenas a Justicia. Por otro lado, las tasas han servido especialmente para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan pagársela, lo cual supone una privatización del servicio público que resulta incompatible con la naturaleza del mismo. El resultado más preocupante es la limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que esperamos que sea apreciada por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, desde Jueces para la Democracia seguimos reclamando la derogación de la Ley de Tasas Judiciales y anunciamos nuestra participación en las concentraciones del próximo 20 de noviembre.