viernes, 1 de noviembre de 2013

Comunicado del Encuentro de Juristas Europeos y Centroamericanos: experiencias sobre la defensa de la independencia judicial


La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD); la Nueva Asociación de Jueces de Alemania (Neue Richtervereinigung); el Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador (JDI); la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD); la Asociación Jueces para la Democracia de España (JpD); la Fundación Jueces para Jueces (Rechters voor
Rechters) de Holanda; la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia (FECAJUD) y la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (CIJ), expresamos:
El 31 de octubre y 1 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el foro denominado “Encuentro de Juristas Europeos y Centroamericanos: experiencias sobre la defensa de la independencia judicial”. Durante el mismo, se tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias en torno a las amenazas que hoy día persisten en contra de la independencia judicial y las medidas que los estados de Centroamérica deben tomar para fortalecer los diferentes sistemas de justicia en la región.
El foro reconoce el papel fundamental que tienen todos los jueces y juezas en la construcción y consolidación de la Democracia y el Estado de Derecho en Centroamérica; las y los participantes expresan su preocupación porque aún existen serias amenazas a la independencia judicial, entendiéndose dicha independencia como una garantía para los ciudadanos y ciudadanas. En tal sentido, los estados centroamericanos deben respetar plenamente la independencia del Poder Judicial.
El foro considera que los estados deben regular un estatuto que garantice la inamovilidad y mecanismos claros y transparentes de ingreso y promoción de jueces y juezas, así como fortalecer sus mecanismos de formación y capacitación, debiendo dotar de los recursos necesarios a las escuelas de estudios judiciales de cada país centroamericano. Las facultades de derecho de las universidades privadas y estatales de la región, también deben revisar el contenido de sus pensums de estudio, para mejorar la formación de futuros jueces.
El foro expresa que los poderes judiciales de la región deben contar con normas legales claras, precisas y concretas relativas al régimen disciplinario, para establecer sanciones adecuadas y proporcionadas a aquellos jueces y juezas que ejercen su función con negligencia, mala fe o abuso; esta imposición debe respetar las reglas del debido proceso. El foro lamenta que en algunos países como Guatemala, Honduras y Nicaragua la regulación o el desarrollo de la carrera judicial son casi inexistentes.
En aquellos casos en los que la carrera judicial es precaria, los jueces y juezas son más vulnerables a sufrir presiones por medio de la aplicación de medidas disciplinarias sin fundamento legal, por medio de traslados sin su consentimiento o despidos injustificados.
Por tales razones, el foro expresa en forma contundente su respaldo al Estatuto
de la Jueza y el Juez Centroamericano (a) aprobado en la ciudad de San José, Costa Rica el 20 de agosto del presente año y solicita a los tres poderes de cada Estado de Centroamérica, reconocerlo como un instrumento de carácter vinculante y respetar su contenido.
En este campo, el foro concluye que las ausencias de regulación fomentan los abusos y arbitrariedades por parte de los poderes políticos, que al afectar la independencia judicial, debilitan el papel de los jueces. No obstante, el foro concluye que las soluciones no son solo normativas y no basta que las leyes únicamente reconozcan la independencia judicial, sino que son necesarias prácticas institucionales que doten de contenido real al principio de independencia.
Existe consenso entre las y los participantes del foro que los procesos vigentes para la elección de los magistrados y magistradas de los más altos tribunales de justicia constituyen una seria amenaza a la independencia judicial ya que no garantizan que las y los candidatos que lleguen a ocupar los puestos, sean los más idóneos, independientes y funcionarios de carrera; además, el foro pide que dichos procesos se lleven a cabo sin discriminación por razón de pertenencia étnica, pensamiento político, género, ni discriminación de ninguna otra naturaleza.
Por tal razón, el foro urge a los diferentes estados de la región de Centroamérica a promover más transparencia durante la implementación de dichos procesos y a facilitar la auditoría social. Todas las audiencias de los procesos de elección deben ser públicas y las y los candidatos deben pasar por una entrevista, que permita a la sociedad conocer su pensamiento y evaluar sus conocimientos para optar a cargos tan importantes.
El foro lamenta la extrema violencia que afecta a la mayoría de países de la región, especialmente a Guatemala, Honduras y El Salvador. Por su función, las juezas y los jueces están mayormente expuestos a ser víctimas de dicha violencia. El foro nota con preocupación, que en la mayoría de los países de la región los sistemas de protección personal de jueces y juezas son débiles; la situación de vulnerabilidad es más grave aún, cuando se dan amenazas del crimen organizado y de empresas privadas nacionales y transnacionales principalmente en países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
El foro urge a los estados de Centroamérica a perseguir y castigar los atentados en contra de la vida de jueces y juezas, así como en contra de su independencia y a establecer mecanismos eficientes y transparentes de protección a dichos operadores de justicia.
El asesinato de la Jueza Mireya Mendoza Peña, integrante de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y pro-secretaria de la Junta Directiva Nacional en el período actual, ha conmovido a la sociedad hondureña y demuestra que la inseguridad que se vive en el país alcanza a jueces y juezas que cumplen con su función en forma independiente. Ante este abominable crimen, el foro exige a las autoridades hondureñas encargadas de la persecución penal, que se investiguen los hechos y se identifique y juzgue a los autores tanto materiales, como intelectuales.
Por la función pública que cumplen, los jueces y las juezas son susceptibles de cometer actos de corrupción o bien de recibir ofrecimientos de grupos, empresas privadas nacionales y transnacionales, partidos políticos u organizaciones criminales, para que comprometan su independencia. En este sentido, los estados de la región, deben tomar acciones concretas para combatir el flagelo de la corrupción, que tanto daño hace a las sociedades. El foro recuerda que la existencia de un Poder Judicial débil, facilita el tráfico de influencias y permite que la independencia judicial se afecte desde adentro, fenómeno que es mucho más difícil de combatir.
El foro toma nota de las deficiencias en la educación y formación profesional de jueces y juezas y las carencias de las escuelas de estudios judiciales de la región. Al respecto urge a los poderes judiciales de la región a orientar la formación de jueces y juezas hacia la ética judicial, subrayando siempre los valores constitucionales y la independencia e imparcialidad de sus actos, así como orientar la formación hacia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Fomentar y fortalecer el asociacionismo debe ser parte fundamental de cualquier estrategia para que el Poder Judicial pueda consolidar su independencia. Además, debe entenderse como un mecanismo que permite a jueces y juezas recuperar derechos y no únicamente lograr mejoras económicas o materiales. Sin embargo, el foro lamenta con preocupación que existe una evidente falta de apoyo por parte de los poderes judiciales de la región, hacia el desarrollo, construcción y consolidación del asociacionismo; incluso en algunos casos se adversa frontalmente el asociacionismo y este rechazo llega al extremo de expresarse mediante represalias a jueces y juezas en ciertos países.
Los países de la región, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador, están seriamente afectados por fenómenos de intolerancia, que se expresan de diferentes formas. El foro toma nota de la difamación y amenazas en contra de jueces y juezas que cumplen su función en forma independiente; en contra de abogados y abogadas; así como en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. El foro urge a las autoridades correspondientes de los países de Centroamérica, a llevar a cabo una investigación rigurosa para determinar quién está detrás de estos hechos.
Existe una relación directa entre impunidad y falta de independencia judicial. Un juez en cuyas decisiones pesan consideraciones ajenas a la estricta aplicación de las leyes nacionales e internacionales, deja el campo abierto a la impunidad y a la corrupción. El foro lamenta que la impunidad existente en Guatemala haya terminado con la anulación de la sentencia condenatoria por el delito de genocidio y delito contra los deberes de humanidad. En este sentido, el foro expresa su apoyo decidido al Tribunal de Mayor Riesgo A, por romper el ciclo de la impunidad en dicho caso.
El foro considera que la contribución de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, tanto Interamericano como Europeo, al desarrollo de una jurisprudencia a favor del respeto de la independencia judicial y lucha contra la impunidad es muy importante. En la región centroamericana, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inciden en el Poder Judicial de cada país y permiten que los jueces nacionales asuman una lucha más clara en contra de la impunidad y en forma independiente. El foro nota que es necesario promover un mayor intercambio de análisis y reflexión entre jueces europeos y americanos, con el objeto de profundizar estos temas.
En cuanto a la región de Centroamérica, el foro reconoce que los tribunales nacionales generalmente no se fundamentan en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni citan con frecuencia en sus sentencias dicha jurisprudencia. Sin embargo, esta ausencia de aplicación depende de la carencia de conocimiento de dichas disposiciones y de los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ausencia que debe ser revisada en las diferentes facultades de derecho de las universidades privadas y estatales y en las escuelas de estudios judiciales de la región.

Finalmente, las y los participantes del foro “Encuentro de Juristas Europeos y Centroamericanos: experiencias sobre la defensa de la independencia judicial” expresan su agradecimiento a la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y a la Nueva Asociación de Jueces de Alemania (Neue Richtervereinigung) por la organización de este evento; agradecen al pueblo hondureño su hospitalidad y expresan su compromiso de seguir luchando juntos a favor de la independencia judicial y en contra de la impunidad.