miércoles, 9 de octubre de 2013

JpD ante las desapariciones forzadas de la guerra civil y el franquismo

Recientemente se han hecho públicas las Observaciones del grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, tras su visita a España.
Entre otras, el Grupo de Trabajo insta al estado español a incluir en el Código Penal el delito autónomo de Desaparición Forzada; proporcionar un mayor apoyo institucional y financiero a los familiares y asociaciones de desaparecidos; y proveer los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente.
En el ámbito judicial, insta al Estado a adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía; y a los responsables directos de la administración de justicia, jueces y fiscales, a que se personen en las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojen.

Jueces para la Democracia, como asociación judicial comprometida con la defensa de los Derechos Humanos universalmente reconocidos, expresa públicamente su compromiso con los familiares y asociaciones de familiares de desaparecidos para garantizar sus derechos, y denuncia los incumplimientos del actual gobierno español de las previsiones de la Ley de Memoria Histórica. Ello está llevando no sólo a la impunidad por los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que queden materialmente sepultados en el olvido.

Desde Jueces para la Democracia queremos recordar que nuestras instituciones estatales siguen haciendo dejación de sus funciones y permiten que sigan existiendo decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes. Seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. No podemos compartir de ningún modo el discurso de que la recuperación de la memoria democrática suponga reabrir heridas. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado, la  necesidad de establecer  un plan de la administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión  franquista.