domingo, 13 de octubre de 2013

Informe de JpD sobre el presupuesto de Justicia para 2014

En los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se ha previsto para Justicia la cantidad de 1.500,75 millones de euros. Se trata de una reducción de un 2,17% en relación con la cantidad prevista en 2013. La caída está siendo relevante, progresiva y continuada, pues en los presupuestos de 2013 ya se acordó una disminución del 4,21% respecto del año 2012. Dicho descenso se produce a pesar de que nuestros juzgados y tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y materiales. En lugar de adaptarse los presupuestos a las necesidades reales de una administración de justicia históricamente deficitaria en recursos, se apuesta por recortes que continúan agravando la ya precaria situación del servicio público, con las lógicas consecuencias en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Por otro lado, en materia de inversiones, se baja de 74,94 millones de euros a 61,55 millones de euros, lo cual supone una reducción del 17,17%. Dicha disminución es especialmente importante en el apartado de nuevas tecnologías y en el ámbito del Plan de Modernización. Con estos presupuestos resulta absolutamente imposible la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, así como no puede ser viable ninguna iniciativa de modernización de nuestro sistema judicial, ni tampoco que puedan prosperar proyectos que sean capaces de agilizar los trámites judiciales. Y se condena a nuestra administración de justicia a seguir funcionando con instrumentos anacrónicos, impropios para resolver los litigios en una sociedad avanzada.
Además, se congelan las partidas destinadas a Justicia Gratuita. Con ello el ministro Gallardón incumple su compromiso de que se iban a mejorar las prestaciones del turno de oficio, que fue el pretexto que utilizó para justificar la implantación de las tasas. Sin embargo, ninguna cantidad procedente de la recaudación de las tasas se va a destinar a Justicia Gratuita. Ello es especialmente alarmante en un momento en el que la situación económica ha dejado a buena parte de la ciudadanía sin recursos para poder defender sus derechos y no resulta posible que el incremento de las personas peticionarias de justicia gratuita pueda cubrirse con una partida presupuestaria idéntica. La consecuencia lógica es que en la práctica existe una previsión ministerial de reducir las asignaciones de Justicia Gratuita, con lo que se dejará a un número importante de personas sin la posibilidad de acceder a la jurisdicción.
Lo cierto es que al ministro Gallardón no le salen las cuentas, ante el flagrante incumplimiento de sus compromisos públicos. Si el dinero de las tasas no se invierte en mejorar la Justicia Gratuita, resulta necesario que el Ministerio de Justicia explique cuál ha sido el destino económico del pago por el acceso a nuestros juzgados y tribunales. En este ámbito, resulta evidente que las cantidades ingresadas tampoco han ido a financiar el funcionamiento de la administración de justicia, ante la importante reducción presupuestaria que se ha practicado. Debe llegarse a la conclusión de que las tasas han tenido una finalidad puramente recaudatoria a nivel general y, correlativamente, se han utilizado para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan pagársela, lo cual supone una importante discriminación de sectores de la población en función de su capacidad económica. Esta privatización del servicio público se acompaña de otras medidas similares, como la asignación de los actos de comunicación y ejecución a los procuradores o la próxima entrega a los registradores mercantiles y de la propiedad de los Registros Civiles.
Asimismo, las disposiciones presupuestarias indican en la Oferta de Empleo Público que únicamente se van a crear 50 plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal. De ellas 30 estarían destinadas al ingreso en la judicatura y 20 en la fiscalía. Se trata de una medida que ni siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, por lo que en la práctica supone un descenso de la misma. Ello resulta incompatible con el enorme volumen de procedimientos por resolver en el conjunto de nuestro sistema judicial, que en la actualidad se sitúa en 2,6 millones de asuntos pendientes. Hemos de recordar que nos encontramos a la cola en el ámbito europeo en el porcentaje de jueces por habitante. Además, nuevamente se produce un incumplimiento de los compromisos del ministro Gallardón, que aseguró que se despedía a más de 1.200 magistradas y magistrados que ejercían funciones de sustitución con la finalidad de profesionalizar la actividad judicial. Sin embargo, no se incrementa en modo alguno la plantilla judicial y se pretende que con los mismos recursos se pueda asumir la carga de trabajo que realizaba la justicia interina, lo cual resulta manifiestamente imposible. Esta situación agravará todavía más la precaria situación de nuestros juzgados y tribunales, con los consiguientes perjuicios para la ciudadanía.
Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 contemplan una reducción de la partida destinada al Consejo General del Poder Judicial de 62,78 millones de euros a 57,96 millones de euros. Ello supone una reducción del 7,7%. Dicha importante disminución continúa en la línea del Gobierno de arrebatar facultades y competencias al órgano de gobierno judicial, de acuerdo con la reforma aprobada de la LOPJ. Y supondrá una subordinación del poder judicial al poder ejecutivo. Esta perspectiva se completa con la disminución de los recursos económicos del CGPJ, que también limitará de forma importante las posibilidades de actuación de este órgano constitucional.
En conclusión, desde Jueces para la Democracia valoramos de manera muy negativa los recortes en materia de Justicia que se han previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2014. Demuestran con claridad que el buen funcionamiento del servicio público de la administración de justicia y la tutela adecuada de los derechos fundamentales de la ciudadanía no se encuentran entre las prioridades del Gobierno. Suponen otro ejemplo más de adopción de medidas en perjuicio de los sectores más débiles de la sociedad, que no podrán abonar tasas judiciales y verán más limitado su acceso a la jurisdicción y a la Justicia Gratuita. Y cierran cualquier posibilidad de mejora, transformación y modernización de nuestro sistema judicial.