viernes, 24 de noviembre de 2017

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miércoles, 28 de junio de 2017

Paralización actividad judicial por riesgo grave para salud en juzgados de Sabadell

A raíz de una denuncia interpuesta por los miembros de Juezas y Jueces para la Democracia en la CNSS ante el Servicio de Guardia de la Inspección de trabajo de Barcelona, así como de denuncias similares interpuestas por sindicatos, en el día de hoy se ha decretado el cese de la actividad en los Juzgados de Sabadell por existencia de un riesgo grave para la salud del personal que ahí presta sus servicios, incluidos jueces/zas y magistrados/as.

El riesgo derivado de la avería de los compresores de los aires acondicionados que llevan estropeados desde el mes de febrero sin que la Generalitat de Cataluña hubiera restablecido su funcionamiento, ocasionando una situación de riesgo por altas temperaturas, pues de las mediciones efectuadas, resultaban temperaturas superiores al máximo de 27 grados que la normativa de prevención establece para edificios de oficinas.

A pesar de haber solicitado por escrito en tres ocasiones al Consejo General del Poder Judicial la paralización de la actividad por riesgo grave, este Órgano no dio respuesta a tal petición.

Como consecuencia de ello, Juezas y Jueces para la Democracia puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo los hechos y hoy mismo ha decretado el cese de la actividad en el edificio de los juzgados por riesgo grave para la salud. Se trata de una actuación pionera que se ha realizado por primera vez en el ámbito judicial y que nos abre un campo muy amplio para conseguir una mejora en las condiciones de trabajo de los miembros de la Carrera Judicial, quienes en ocasiones nos vemos en la obligación de desempeñar nuestras funciones en unas condiciones intolerables.

Resulta altamente preocupante la falta de sensibilidad del Consejo General del Poder Judicial ante estos supuestos, como evidencia su falta de actuación en este caso, que afortunadamente ha enmendado la Inspección de Trabajo.

Juezas y Jueces para la Democracia

viernes, 16 de junio de 2017

Propuestas para la mejora de la justicia






PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA JUSTICIA

A) REFORZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

1. Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías; Sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; Dedicación exclusiva de los vocales, y recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013.

2. El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. Resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento de amparo previsto en los arts. 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por parte de los jueces y juezas.

3. Nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una sola vez. Exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del designado/a sino también en su relación con los de los demás aspirantes. En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.

4. Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.


B) MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: CALIDAD Y EFICACIA:

5. Plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente.

6. Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso un importante esfuerzo inversor. Un plan decenal de inversiones prorrogable, destinado -entre otros aspectos- a:
a)      Incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años (incluyendo el turno libre y el cuarto turno);
b)     Modernizar los edificios judiciales;
c)      Implantar el expediente judicial útil y operativo que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional, dotando a jueces y juezas de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función jurisdiccional usando las nuevas tecnologías, y
d)     Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (así, en el Estatuto de la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, entre otros).


7. Racionalización de la planta judicial:
a)      Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas. Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, habida cuenta de que en los últimos años no se han creado juzgados.
b)     Eliminación de la figura de las adscripciones forzosas.
c)      Evitar la precarización judicial, suprimiendo las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas, respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas.

8. Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto. Invertir en su implantación, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. La oficina judicial tiene como finalidad apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión

9. Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se trate.

10. Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).


C) CONDICIONES PROFESIONALES:

11. Convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.

12. Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.

13. Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

14. Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas.

16 de junio de 2017

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS FRANCISCO DE VITORIA
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos


Ignacio Gonzalez Vega. Portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia

La recién publicada encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja dos datos reveladores. El primero es que solamente una cuarta parte de los jueces españoles consideran que el Consejo General del Poder Judicial dispone de los mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva. Frente a los ataques inaceptables de algunos responsables políticos a la independencia de los jueces, se pone de manifiesto la falta de reacción del órgano constitucional encargado de su defensa y amparo. Pero conviene destacar, sobre todo, el segundo dato. Los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

No en vano, recientes nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial avalan esa percepción, mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional.

Con todo, el principal problema de la Justicia española es de organización y de eficacia, y así lo opinan un 80% de los ciudadanos en el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía. España cuenta con una organización judicial decimonónica. Hoy en día son pocos los profesionales del Derecho que no aboguen por un nuevo diseño de la planta judicial que responda a las necesidades de una sociedad del siglo XXI. Se han de superar los tradicionales partidos judiciales al tiempo que se creen los tribunales de instancia con una ordenación más racional y eficiente de la carga de trabajo.

No acaba de acometerse esta deseada reforma pero tampoco se crean órganos judiciales con la excusa de que se plantea un nuevo modelo organizativo. Según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en los últimos seis años apenas se han creado órganos unipersonales, concretamente cuatro. Para paliar tales deficiencias se adoptan medidas de "parcheo" como adscripciones forzosas generalizadas de determinados órganos judiciales provocando con ello un profundo descontento en un sector de la judicatura. Consecuencia de todo lo anterior es que la litigiosidad aumenta año tras año, particularmente en la jurisdicción civil, estando estancado el número de juzgados existentes, lo que acarrea una situación de colapso y sobrecarga de trabajo. La respuesta al justiciable se retrasa así como merma la calidad de la resolución.

A lo anterior se suma que en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes es de 12,2, una cifra muy inferior a la media europea (21). Y la distancia se ampliará seguramente este año pues hasta la fecha no se han convocado como es habitual plazas de jueces, tal y como ya ocurrió en el año 2012. Además, las plazas que se han convocado en los últimos años resultan a todas luces insuficientes para cubrir siquiera las jubilaciones que se están produciendo en la carrera judicial. Y en su momento se prescindió de cientos de jueces sustitutos que temporalmente cubrían las necesidades de plantilla.

Casi la mitad de los órganos judiciales superan el 150% de la carga de trabajo. Es por ello un clamor de la carrera judicial la fijación de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

A propósito de la publicación por la Comisión Europea en el pasado mes de abril de su Informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la Unión Europea, el Ministerio de Justicia se mostraba satisfecho, destacando que "España obtiene los mejores resultados en justicia digital". La realidad es bien distinta, como atestiguan las múltiples quejas de sus usuarios. La implantación del expediente electrónico está causando un enorme caos, obstaculizando la labor de los jueces, debido a la precariedad de los instrumentos informáticos.

Fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad española, también existe en la carrera judicial una brecha generacional. No podemos olvidar la precaria situación laboral de las nuevas promociones de jueces, en permanente incertidumbre sobre cuál será el órgano judicial del que se harán definitivamente cargo, peregrinando mientras tanto por diversos Juzgados y Tribunales, y con serias dificultades de conciliación personal y familiar. Ellos han sido los principales perjudicados de las medidas de parcheo para hacer frente a las deficiencias estructurales de nuestra Administración de Justicia, imponiendo en su periodo formativo medidas de "sustitución y refuerzo" claramente atentatorias contra el principio de independencia judicial.

Es por ello indispensable una Administración de Justicia provista de personal y de medios para evitar el deterioro progresivo al que está abocado de manera irremisible este servicio público. Piénsese que España está a la cabeza de los recortes presupuestarios, junto a Irlanda y Portugal, que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según el Consejo de Europa. Y, por supuesto, a unas retribuciones adecuadas que garanticen la independencia económica de los jueces, como establece la ley.

Cuando nos lamentamos del estado de la Justicia –escribe Alejandro Nieto, en su libro El malestar de los jueces y el modelo judicial–, no debemos pensar en abstracto sino en las personas de carne y hueso a quienes afecta directa e indirectamente: son sus víctimas y paganos, los jueces frustrados, los justiciables humillados, los litigantes engañados, los ciudadanos vejados, los acreedores que no cobran, aquellos a los que se ha despojado de sus derechos humanos y quebrantado sus derechos políticos y civiles, los que claman y nadie los oye, los que razonan y nadie escucha. Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos.

Y por eso, como Cicerón en las Catilinarias, hemos de preguntarnos: ¿hasta cuándo abusaréis de nuestra paciencia?