viernes, 16 de junio de 2017

Propuestas para la mejora de la justicia






PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA JUSTICIA

A) REFORZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

1. Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías; Sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; Dedicación exclusiva de los vocales, y recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013.

2. El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. Resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento de amparo previsto en los arts. 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por parte de los jueces y juezas.

3. Nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una sola vez. Exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del designado/a sino también en su relación con los de los demás aspirantes. En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.

4. Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.


B) MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: CALIDAD Y EFICACIA:

5. Plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente.

6. Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso un importante esfuerzo inversor. Un plan decenal de inversiones prorrogable, destinado -entre otros aspectos- a:
a)      Incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años (incluyendo el turno libre y el cuarto turno);
b)     Modernizar los edificios judiciales;
c)      Implantar el expediente judicial útil y operativo que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional, dotando a jueces y juezas de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función jurisdiccional usando las nuevas tecnologías, y
d)     Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (así, en el Estatuto de la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, entre otros).


7. Racionalización de la planta judicial:
a)      Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas. Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, habida cuenta de que en los últimos años no se han creado juzgados.
b)     Eliminación de la figura de las adscripciones forzosas.
c)      Evitar la precarización judicial, suprimiendo las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas, respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas.

8. Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto. Invertir en su implantación, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. La oficina judicial tiene como finalidad apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión

9. Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se trate.

10. Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).


C) CONDICIONES PROFESIONALES:

11. Convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.

12. Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.

13. Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

14. Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas.

16 de junio de 2017

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS FRANCISCO DE VITORIA
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos


Ignacio Gonzalez Vega. Portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia

La recién publicada encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja dos datos reveladores. El primero es que solamente una cuarta parte de los jueces españoles consideran que el Consejo General del Poder Judicial dispone de los mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva. Frente a los ataques inaceptables de algunos responsables políticos a la independencia de los jueces, se pone de manifiesto la falta de reacción del órgano constitucional encargado de su defensa y amparo. Pero conviene destacar, sobre todo, el segundo dato. Los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

No en vano, recientes nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial avalan esa percepción, mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional.

Con todo, el principal problema de la Justicia española es de organización y de eficacia, y así lo opinan un 80% de los ciudadanos en el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía. España cuenta con una organización judicial decimonónica. Hoy en día son pocos los profesionales del Derecho que no aboguen por un nuevo diseño de la planta judicial que responda a las necesidades de una sociedad del siglo XXI. Se han de superar los tradicionales partidos judiciales al tiempo que se creen los tribunales de instancia con una ordenación más racional y eficiente de la carga de trabajo.

No acaba de acometerse esta deseada reforma pero tampoco se crean órganos judiciales con la excusa de que se plantea un nuevo modelo organizativo. Según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en los últimos seis años apenas se han creado órganos unipersonales, concretamente cuatro. Para paliar tales deficiencias se adoptan medidas de "parcheo" como adscripciones forzosas generalizadas de determinados órganos judiciales provocando con ello un profundo descontento en un sector de la judicatura. Consecuencia de todo lo anterior es que la litigiosidad aumenta año tras año, particularmente en la jurisdicción civil, estando estancado el número de juzgados existentes, lo que acarrea una situación de colapso y sobrecarga de trabajo. La respuesta al justiciable se retrasa así como merma la calidad de la resolución.

A lo anterior se suma que en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes es de 12,2, una cifra muy inferior a la media europea (21). Y la distancia se ampliará seguramente este año pues hasta la fecha no se han convocado como es habitual plazas de jueces, tal y como ya ocurrió en el año 2012. Además, las plazas que se han convocado en los últimos años resultan a todas luces insuficientes para cubrir siquiera las jubilaciones que se están produciendo en la carrera judicial. Y en su momento se prescindió de cientos de jueces sustitutos que temporalmente cubrían las necesidades de plantilla.

Casi la mitad de los órganos judiciales superan el 150% de la carga de trabajo. Es por ello un clamor de la carrera judicial la fijación de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

A propósito de la publicación por la Comisión Europea en el pasado mes de abril de su Informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la Unión Europea, el Ministerio de Justicia se mostraba satisfecho, destacando que "España obtiene los mejores resultados en justicia digital". La realidad es bien distinta, como atestiguan las múltiples quejas de sus usuarios. La implantación del expediente electrónico está causando un enorme caos, obstaculizando la labor de los jueces, debido a la precariedad de los instrumentos informáticos.

Fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad española, también existe en la carrera judicial una brecha generacional. No podemos olvidar la precaria situación laboral de las nuevas promociones de jueces, en permanente incertidumbre sobre cuál será el órgano judicial del que se harán definitivamente cargo, peregrinando mientras tanto por diversos Juzgados y Tribunales, y con serias dificultades de conciliación personal y familiar. Ellos han sido los principales perjudicados de las medidas de parcheo para hacer frente a las deficiencias estructurales de nuestra Administración de Justicia, imponiendo en su periodo formativo medidas de "sustitución y refuerzo" claramente atentatorias contra el principio de independencia judicial.

Es por ello indispensable una Administración de Justicia provista de personal y de medios para evitar el deterioro progresivo al que está abocado de manera irremisible este servicio público. Piénsese que España está a la cabeza de los recortes presupuestarios, junto a Irlanda y Portugal, que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según el Consejo de Europa. Y, por supuesto, a unas retribuciones adecuadas que garanticen la independencia económica de los jueces, como establece la ley.

Cuando nos lamentamos del estado de la Justicia –escribe Alejandro Nieto, en su libro El malestar de los jueces y el modelo judicial–, no debemos pensar en abstracto sino en las personas de carne y hueso a quienes afecta directa e indirectamente: son sus víctimas y paganos, los jueces frustrados, los justiciables humillados, los litigantes engañados, los ciudadanos vejados, los acreedores que no cobran, aquellos a los que se ha despojado de sus derechos humanos y quebrantado sus derechos políticos y civiles, los que claman y nadie los oye, los que razonan y nadie escucha. Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos.

Y por eso, como Cicerón en las Catilinarias, hemos de preguntarnos: ¿hasta cuándo abusaréis de nuestra paciencia?

miércoles, 7 de junio de 2017

Entrevista a Ignacio González Vega, portavoz de JpD en Huffingtonpost
























España asiste en las últimas semanas a un culebrón en el que se mezclan fiscales, miembros del Gobierno, jueces y dirigentes políticos. En estos días ha tenido que renunciar Manuel Moix a su cargo de Fiscal Anticorrupción por tener una sociedad en Panamá, mientras que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han sido reprobados por el Congreso de los Diputados.

Todo ello salpicado por los nuevos nombramientos en la Audiencia de Nacional deConcepción Espejel y Enrique López. El portavoz de Jueces para la Democracia,Ignacio González Vega, cree que el Gobierno está intentando controlar la Fiscalía primero y, posteriormente, tribunales como la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante los casos de corrupción en los que está implicado el Partido Popular.

Este magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid pide en esta entrevista en nombre de esta asociación de jueces de corte progresista que se pongan más medios para luchar contra la corrupción y que acaben las "presiones" desde el ámbito político. Y avisa: "Hay una estrategia en los nombramientos de los jueces".

Ante los casos que estamos viendo en los que se entremezclan el mundo de la Justicia y política, ¿puedes los ciudadanos confiar en su Justicia? 

La verdad es que los gobernantes lo están poniendo un poco difícil y están poniendo a prueba a los ciudadanos. Las últimas decisiones sobre los nombramientos en la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es una forma de poner a prueba la confianza que tienen los ciudadanos. 

El último gran escándalo ha sido el de el ya ex Fiscal Anticorrupción Manuel Moix y su sociedad en Panamá. Y, además, el Fiscal General del Estado, Manuel Maza, defendió su conducta. ¿Cómo se digiere eso? 

Es difícil de entender para cualquier persona normal y es, cuanto menos, éticamente censurable que el Fiscal Anticorrupción tenga una sociedad offshore y al mismo tiempo tenga que perseguir a ciudadanos que tienen sociedades offshore para eludir el pago de impuestos. 

¿Y qué le pareció que Maza durante la comparecencia en la que anunció la renuncia de Moix dijera que no había motivo para cesarle y lo defendiera? 

No puedo comprender cómo se puede defender a una persona que trata de eludir el pago de tributos y que Maza hiciera ese alegato. 

¿Debe dimitir el Fiscal General del Estado? 

Primero, debe dar explicaciones ante el Congreso. Y si no resultan convincentes sus palabras, entonces debe dimitir. Primero hay que darle la oportunidad de que se explique ante nuestros representantes. 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, está reprobado por el Pleno del Congreso. ¿Tendría que dimitir también al no contar con el apoyo mayoritario de la Cámara Baja? 

También estaban reprobados Moix y el Fiscal General del Estado. La verdad es que el señor Rajoy debe tener muchos motivos para sostener al señor Catalá. Puede ser que tenga que dimitir porque la mayoría de los representantes han votado contra él. 

¿Qué sensación cree que tiene la ciudadanía cuando lee la filtración de un mensaje de Catalá a Ignacio González en el que le dice "ojalá se cierren pronto los líos"? 

En ese tema los jueces debemos ser especialmente cuidadosos. Estamos hablando de filtraciones del sumario, parciales y que pueden ser interesadas. Tenemos que ser rigurosos y hasta que el sumario no sea público debemos esperar. 

¿Está intentando el PP presionar a la Justicia ante todos los casos de corrupción que tiene en los tribunales? 

Eso parece. Lo que sí se percibe es una estrategia de controlar primero los nombramientos en la Fiscalía y las piezas claves, particularmente Anticorrupción. Y, después, en los tribunales de Justicia y en la Audiencia Nacional. 

¿Cómo se puede evitar ese intento de control? ¿Cómo se puede frenar? 

Sobre todo, con la institución del Consejo General del Poder Judicial, que sea fuerte y no acepte las injerencias de los partidos políticos. Los nombramientos deben seguir los principios de mérito y de capacidad, no de afinidad política. Aquí se ha mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial, que se prefiere a una persona por su afinidad política que por su ejercicio en la función. 

Hablemos de la magistrada Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su afinidad con el PP y ahora nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. ¿Por qué ha sido elegida? 

Parece ser que por afinidades políticas. Una persona, como Enrique López, que ha sido recusada hasta en tres ocasiones por su afinidad con el PP, es inaceptable que pueda ser nombrada presidenta de esa Sala de lo Penal. 

El responsable más directo del nombramiento sería el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. ¿Tiene que dimitir? 

El señor Lesmes tiene que dimitir. El cometido esencial del CGPJ es garantizar la independencia de los jueces y el mantenimiento de la separación de poderes. Las pretensiones que puedan tener el Ejecutivo o el Legislativo deben ser totalmente rechazadas para evitar estos intentos de control de los tribunales del partido del Gobierno. 

Se da también la situación de que el juez Eloy Velasco, encargado de la instrucción de Púnica y Lezo, pasa ahora a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, como había solicitado. ¿Se puede permitir que estos dos casos, de tal calado público y político, se queden ahora sin ese juez en mitad del proceso? 

No se van a quedar sin juez. El juez titular (Manuel García Castellón) está en Italia y va a venir ahora al número 6. La cuestión está en que en las filtraciones del sumario se habla por parte del expresidente de Madrid Ignacio González de que vuelva el juez titular. Parece ser que lo han conseguido. Un juez que estaba en Roma ganando un dineral vuelve parece ser no por petición propia, sino más bien obligado a ello. 

En los últimos meses se han producido extraños movimientos en la Fiscalía, como los que tenían que ver con el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. ¿Qué está pasando? ¿Qué juego de poderes hay detrás y tienen que saber los ciudadanos? 

La Fiscalía es una pieza fundamental en el poder judicial. Lo primero, es la que tiene que velar por la independencia de los tribunales. El poder político ha empezado primero por controlar la Fiscalía y el círculo se cierra con el intento de control de los tribunales de justicia. 

¿El Gobierno quiere controlarlos? 

El Gobierno quiere controlar la Fiscalía, especialmente la de Anticorrupción, y el siguiente paso es controlar los tribunales de Justicia. Controlar la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y en el futuro el Tribunal Supremo. 

¿Qué les hace falta a los jueces para poder destapar toda la corrupción que hay en España? 

Faltan medios para poder luchar contra la corrupción y sobran injerencias de los partidos y del Ejecutivo y menos presiones. Hay que evitar que el Gobierno y los partidos nombren a los jueces que llevan estos asuntos. 

¿Cree que los políticos se han dado cuenta de la percepción que tienen los ciudadanos de la Justicia en estos casos de corrupción? 

Pues sí. Para empezar, según el CIS, la corrupción es el segundo problema, después del paro. Los ciudadanos no son indiferentes ante el problema de la corrupción y más en un periodo de crisis económica. 

¿Somos un país corrupto? ¿O somos un país con unas élites corruptas? 

Somos un país con un nivel de corrupción muy importante en las élites gobernantes. No tengo pruebas para decir que sea toda la clase gobernante. Sí hay pruebas evidentes de que hay unos niveles de corrupción inaceptables en la clase gobernante. 

¿Cree que están aprendiendo algunos políticos con lo que se está viendo e irá disminuyendo el grado de corrupción? 

Ojalá fuera así. No tengo una bola de cristal, pero ojalá. La corrupción se combate cuando hay una voluntad decidida y hasta ahora el Gobierno no parece que la tenga. 

El mayor desafío institucional que tiene ahora el Gobierno es el independentismo catalán. ¿Qué le parece que lo lleve todo a los tribunales y judicialice esta cuestión? ¿Les están pasando a los jueces la pelota? 

Sí, eso es lo que se llama judicialización de la política. Es tan mala la politización de la Justicia como la judicialización de la política. 

¿Cuál es el estado de ánimo de los jueces? 

En general, hay malestar en la carrera judicial. No hay inversión en Justicia y los jueces están bastante desanimados. No se hacen reformas para poner la Justicia del siglo XIX en el siglo XXI, lo que causa un gran desánimo dentro de la carrera.


martes, 6 de junio de 2017

Por el cierre de los CIES, por un cambio en la política migratoria

Acuerdo 32º Congreso JpD Lleida 1 y 2 de junio de 2017 "Migració, Refugi, Igualtat"


Los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE) son centros de reclusión para expulsar a las personas extranjeras que no tienen regularizada su situación en España. A pesar de que no deberían tener carácter penitenciario conforme a la LOEX sin embargo son auténticas cárceles, de hecho la mayor parte de ellos están instalados en antiguos centros penitenciarios. La custodia de los/as internos/as está encomendada a las fuerzas policiales, carentes de formación precisa para llevar a cabo esta función a pesar de lo establecido en el RD 162/2014, cuando debería de tratarse de personal especializado en asistencia social o un cuerpo funcionarial especializado. Son centros opacos, en los que las personas internadas son privadas no solo de su derecho de deambulación sino del resto de derechos como pone de manifiesto la Defensora del Pueblo, en su informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denunciando carencias en materia social, sanitaria, jurídica y de seguridad. Son espacios caracterizados por el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa, la nula existencia de políticas sociales y/o educativas. Comparten el mismo espacio personas con situaciones completamente diferentes, condenados por ilícitos penales con internos por irregularidad administrativa. Hay restricciones al derecho de acceso y visitas de ONG. No existe ningún tipo de transparencia, no hay obligación de publicar información sobre su funcionamiento y condiciones. La estructura de los CIES es incompatible con las garantías jurídicas de los/as internos/as, sus derechos se debilitan, dando lugar a un régimen de excepcionalidad inadmisible en un Estado de Derecho.

No se protege a las mujeres víctimas de trata de seres humanos, permaneciendo ingresadas en el CIE hasta su expulsión, poniendo su vida en peligro. Las situaciones de trata y violencia sexual no son denunciadas ni comunicadas, con carácter general, por parte de las internas y no existen suficientes mecanismos de identificación ni formación dentro del propio CIE. En el caso de que la víctima lo comunique no es tomada en consideración y se entiende que es una invención para evitar la expulsión. Recientemente la Asociación Women's Link Worldwide ha denunciado al Gobierno español ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por el caso de una ciudadana nigeriana víctima de trata que no fue escuchada y no se le reconoció su derecho de asilo, permaneciendo ingresada en el CIE hasta proceder a su expulsión con una flagrante infracción de la normativa internacional y nacional de protección de las víctimas de trata de seres humanos. En las visitas realizadas por la Defensora del Pueblo a los CIES durante el año 2016 también se ha puesto de manifiesto que existen menores de edad internos/as en estos centros a pesar de la prohibición expresa de la Ley. 

Los CIES ni tan siquiera cumplen la finalidad para la que fueron creados, según el informe anual 2016 de la Defensora del Pueblo en su condición de Mecanismo de Prevención contra la tortura, tan solo fueron expulsadas el 29,03 % de las personas extranjeras internadas en los CIES, de manera que 70,97 % de los internos/as han sido privados/as de libertad por una infracción administrativa sin que se haya producido la expulsión. Estos/as migrantes no expulsados/as que no pueden ser internados nuevamente, así como los “inexpulsables” por su país de origen, entran en un limbo jurídico de ilegalidad, que exige la adopción de medidas, como es la concesión de permisos de residencia provisional previsto en el art. 6.4 de la Directiva2008/115/CE, de retorno, que autoriza a los Estados miembros, ante cualquier decisión de expulsión, si no puede o no quiere ejecutarla, a arbitrar formas de regularización de la permanencia en el territorio.

A pesar de su ineficacia, los internamientos se están utilizando de forma habitual, según los informes de la Defensora del Pueblo en 2015 fueron ingresadas en CIES 6.930 personas, aumentando a 7.597 el número de migrantes internados en 2016, reflejando que no se cumple el requisito de la excepcionalidad.

Ante esta situación Jueces para la Democracia interesa el cierre de los CIES, Nuestro país no puede mantener abiertos espacios que no cumplen los parámetros de constitucionalidad exigidos por el TC. Estos centros son utilizados para ejecutar políticas migratorias injustas con la única finalidad de conseguir un efecto intimidatorio sobre personas especialmente vulnerables, sin capacidad de defensa, cuya única infracción es de carácter administrativo. Los CIES provocan una criminalización de los/as inmigrantes. Su cierre es necesario y de justicia. Conforme al art. 5.1 del Reglamento de Funcionamiento de los CIES se pueden suprimir mediante Orden del Ministerio del Interior.

Jueces para la Democracia propone medidas alternativas a los CIE

El gobierno debe favorecer el retorno voluntario de los/as inmigrantes irregulares frente a la expulsión forzosa, desarrollando un programa de retorno voluntario de migrantes irregulares con órdenes de expulsión que incluyan la orientación, información fiable y puntual, plazos razonables de salida y ayuda.

Reconocer sistemas de garantía para asegurar la presencia del/a migrante irregular, a través de mecanismos públicos de garantía, mediante pisos tutelados, regímenes de acogimiento, asumiendo su presentación al ser reclamado. Hay Ayuntamientos que están impulsando esta alternativa. También se podría reconocer a ONG como garantes cuando tengan legalmente reconocidos entre sus fines la protección y asistencia de las personas migrantes.

Adopción de medidas cautelares no privativas de libertad.

Concesión de permisos de residencia provisional a los/as migrantes inexpulsables.

Es necesario el cambio de paradigma en la política migratoria, nuestro Estado de Derecho no puede permitir esta vulneración de los Derechos Humanos de los/as migrantes, convertidos en “infrasujetos de derecho”. Los CIES no encajan en la estructura democrática del Estado de Derecho, por ello pedimos su cierre. 

Lleida, 2 de junio de 2017

viernes, 2 de junio de 2017