viernes, 19 de mayo de 2017

JpD sobre las injerencias políticas en el Poder Judicial

El Centro de Investigaciones Sociológicas destaca que, a la hora de identificar los tres principales problemas que existen actualmente en España, la ciudadanía señala de forma repetida e invariable en los últimos años, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica.

Por su parte, la Comisión Europea acaba de publicar su informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la UE. España figura como el tercer Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente. Hasta un 58% de los españoles la consideran como "mala" (39%) o "muy mala" (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países están peor: Bulgaria y Eslovaquia. Según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

El cuarto ciclo de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción de la Unión Europea (GRECO) del pasado mes de julio de 2016 recuerda que el 75 % de los jueces y juezas considera que el Consejo General del Poder Judicial no protege suficientemente el principio de independencia judicial, y que las autoridades políticas no deben intervenir en un ningún estadio de designación de la magistratura ni de la fiscalía.

No son datos desconectados con la realidad. Son innumerables los casos de corrupción de los que se han hecho especial eco los medios de comunicación social lo que ha influido intensamente en la percepción ciudadana, generando en la sociedad española un estado general de indignación. A raíz de investigaciones en curso son constantes las noticias donde aparecen los representantes del poder político maniobrando para que se designe o aparte a un juez o a un determinado fiscal de investigar delitos de corrupción política, o nombramientos en puestos claves de la Fiscalía que parecen no responder a los principios de mérito y capacidad sino a la mayor conexión y apego al poder político.

Junto a ello, las inopinadas declaraciones del Ministro de Justicia, Sr. Català, tomando partido en procesos penales en curso o calificando de “anomalías” procesos de decisión de la Fiscalía, perfectamente reglados y regulados por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Poniendo de manifiesto, una vez más, su férrea concepción jerarquizada y dependiente del Ministerio público.

Estas injerencias, no conviene olvidarlo, socavan la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia y lastran la credibilidad de actividad diaria de jueces y fiscales en la persecución de los delitos.

Ante las inaceptables interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales, ha de ser criticada la inacción y el silencio del Consejo General del Poder Judicial, máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces.

Junto a esas presiones e injerencias resulta obligado asimismo denunciar la falta de medios personales y materiales en nuestra Administración de Justicia para combatir la corrupción. A la reiteradas veces denunciada falta de jueces y fiscales, llamar la atención sobre las recientes declaraciones de un jefe de la UCO quien aseguró en una entrevista a un medio de comunicación que se veían obligados a rechazar casos por falta de medios.

En tales condiciones, Jueces para la Democracia reafirma una vez más su compromiso por la independencia Judicial y su respeto por la labor diaria, discreta y dejándose en muchos casos la salud por la acumulación de trabajo de jueces y fiscales en la lucha contra la criminalidad, incluida esa lacra que es la corrupción política.

Resulta imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente y una fiscalía dotada de una autonomía funcional y sin dependencias externas que les haga inmunes a las injerencias y presiones del Gobierno o de los partidos políticos. Reivindicamos por ello algo más que explicaciones de los responsables ministeriales, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado sobre estas injerencias en el trabajo de la Judicatura y la Fiscalía.

EL SECRETARIADO DE JUECES DE LA DEMOCRACIA

martes, 16 de mayo de 2017

Comunicado CIC Catalunya rendimiento jueces







En Barcelona, a 15 de mayo de 2017

Ante las noticias publicadas por los medios de comunicación, conforme a las cuales la Secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia Sra. Patricia Gomà habría detectado una reducción del ritmo de trabajo de los Jueces catalanes, las cuatro asociaciones judiciales, Foro Judicial Independiente, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura, quieren manifestar lo siguiente:

Primero.- No es cierto que los jueces hayamos bajado nuestro ritmo de trabajo durante los últimos años, sino que lo hemos mantenido en condiciones muy precarias, tanto de medios materiales como personales, de cuya dotación responde la Generalitat de Catalunya.

A modo de ejemplo, según los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2016 ingresaron en los Juzgados y Tribunales de Cataluña un total de 284.687 asuntos, frente a los 266.798 asuntos ingresados en el año 2015. A pesar del aumento de asuntos ingresados, ha sido mayor el número de asuntos resueltos en el año 2016, 277.564, frente a los 275.753 resueltos en el año inmediatamente anterior.

Si estas carencias no han afectado al ritmo de resolución que se ha conseguido mantener, ha sido debido al esfuerzo y responsabilidad de los funcionarios de la Administración de Justicia, de los Letrados Judiciales, de los Fiscales y de los Jueces. En cualquier caso, cuando la Generalitat de Catalunya no tiene atribuida competencia alguna de fiscalización o seguimiento del desempeño profesional de los Jueces, tales afirmaciones no solo son gratuitas, sino también infundadas. En definitiva son una nueva muestra del patente desconocimiento de la Sra. Gomà de las condiciones reales en las que los Jueces desempeñamos nuestra labor en Catalunya.

Segundo.- Sus declaraciones también son desleales, puesto que la primera noticia que hemos tenido de esa valoración por su parte ha sido por los medios de comunicación, a pesar de que el pasado día 4 de mayo se reunió con representantes de nuestra asociación profesional para presentar  el “Equip d'Avaluació i Millora Contínua” y el proyecto “Visió Justícia”.

Tercero.- De este modo, consideramos que las declaraciones son equivocadas y tendenciosas, dirigidas a desacreditar a los jueces ante la sociedad catalana y a imputarles la responsabilidad del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia en Catalunya. Consideramos que la Sra. Goma debería tratar  explicar las dificultades que su Departamento tiene para proveer con personal formado las vacantes de funcionarios que se producen en los Juzgados, el tiempo que tardan en proveer dichas vacantes, los motivos por los cuales no se ha acudido a la oferta de empleo Estatal para cubrir dichas vacantes, los recortes de plantillas que se han acometido en Juzgados y Tribunales o las enormes dificultades presupuestarias para implantar la nueva oficina judicial y sistemas informáticos de gestión procesal. Es decir, debería de centrarse en el análisis de su propia gestión y dejar de excusar su propia responsabilidad con la de otros. 

Comunicado Conjunto de las Asociaciones APM, JpD y FJI Sala de Gobierno TSJA





En relación con las noticias publicadas sobre las reacciones contrarias al acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ proponiendo el desplazamiento de dos secciones penales del TSJA a Málaga y Sevilla, las asociaciones judiciales APM, JpD y Foro Judicial de Andalucía desean poner de manifiesto a la opinión pública lo siguiente:

1) Por propia definición legal las Salas de Gobierno de los TSJ tienen atribuido el ejercicio de competencias para organizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales bajo su responsabilidad.

2) Todos los integrantes de las Salas de Gobierno representan a los jueces y magistrados de su territorio, quienes a su vez eligen en votación directa a la mitad de aquéllos.

3) A la hora de adoptar sus decisiones, como órgano democrático que es, los acuerdos de la Sala de Gobierno se forman por mayorías. Sus respectivos presidentes solamente tienen voto de calidad en caso  empate.

4) En ejercicio de tales funciones fue acordada por la Sala de Gobierno del TSJA la constitución de sendas secciones desplazadas en Málaga y Sevilla.

5) Dicho acuerdo fue adoptado por una amplia mayoría de la Sala de Gobierno  para garantizar la mejor prestación del Servicio Público de la Justicia en todo el territorio andaluz.

6) En consecuencia, exigimos el máximo respeto a la Sala de Gobierno del TSJA que adoptó el acuerdo.

7) Siendo legítimo discrepar de lo acordado, no lo es hacerlo con descalificaciones arbitrarias (se ha llegado a hablar de que “intereses inconfesables” han provocado el acuerdo), menos aun cuando esas críticas provienes de otras instituciones públicas.

8) Solicitamos que el Presidente del TSJ salga al paso de las críticas injustificadas vertidas contra una Sala de Gobierno que preside.


Asociación Profesional de la Magistratura
Jueces para la Democracia
Foro Judicial Independiente

viernes, 12 de mayo de 2017

Comunicado conjunto sobre cargas de trabajo a efectos de salud laboral





Las asociaciones judiciales abajo firmantes consideran necesario informar a la Carrera Judicial de la situación en la que se encuentra la fijación de cargas de trabajo desde la perspectiva de la garantía de la salud de quienes desarrollamos nuestra función jurisdiccional.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado por el CGPJ para el bienio 2015-2016, contemplaba la carga de trabajo como factor de riesgo para la salud, de los denominados “riesgos psicosociales”.
Ello suponía la ineludible obligación, para nuestro órgano de gobierno, de fijar con claridad la carga de trabajo que pueden desarrollar los miembros de la Carrera Judicial, sin que de ello pueda derivarse una amenaza para su salud. Necesariamente, tal obligación comporta la valoración del rendimiento del Juez (carga de salida), más allá de la carga de asuntos que pueda pesar sobre el Juzgado o Tribunal (carga de entrada).
Expirado el plazo de vigencia del Plan de Prevención (actualmente en prórroga), el CGPJ no ha dado cumplimiento al mandato, de origen legal, de fijar tal carga de salida, a efectos de salud laboral, cuya determinación es de su exclusiva competencia. Y ello pese a los esfuerzos de los Representantes de la Carrera en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS), designados por las Asociaciones Judiciales. El CGPJ no ha aceptado, ni tan siquiera con carácter provisional, el fijar el rendimiento saludable del trabajo de quienes ejercemos jurisdicción.
Por el contrario, el CGPJ pretende soslayar su obligación, a través de un documento que ha llamado “mapa de riesgos y sistema de alertas”, que ha elaborado unilateralmente y en el que se parte de la valoración del riesgo, tomando en consideración la carga de entrada en cada órgano, con sistemas de medición obsoletos. Los representantes judiciales en la CNSS se han opuesto frontalmente a tal modo de proceder, dejando constancia de ello en la última reunión celebrada de la CNSS.
En contra de lo defendido por las Asociaciones Judiciales, el CGPJ ha remitido  una carta a los titulares de los órganos que superan una carga de entrada superior al 150% (según los parámetros tomados en consideración por el CGPJ), solicitando su colaboración para cumplimentar una encuesta, en ejecución del documento antes referido “mapa de riesgos y sistema de alertas”
Consideramos que es nuestro deber informar de forma inmediata del origen de tal carta a la Carrera Judicial, trasladando nuestra preocupación sobre la situación descrita, que se suma a la alarma generada por otras recientes actuaciones del CGPJ, realizadas prescindiendo de cualquier valoración a la posible lesión que sobre la salud de quienes integran la Carrera Judicial pueda derivarse, en supuestos tales como la adscripción forzosa al amparo del artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de la que igualmente se ha instado al CGPJ, desde los Representantes Judiciales en la CNSS, para que facilite información sobre este particular.

En Madrid a 12 de mayo del 2017

Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
Jueces para la Democracia

Foro Judicial Independiente