martes, 25 de abril de 2017

Comunicado sobre la adscripción forzosa de determinados órganos judiciales

Ante el Acuerdo 6.10 adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 23 de marzo de 2017, en el que se toma conocimiento de un informe del Servicio de Inspección y se propone a los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia la adscripción obligatoria del personal judicial de determinados órganos judiciales (fundamentalmente jueces/zas de menores) a otros órganos judiciales, Jueces para la Democracia recuerda y quiere hacer constar lo siguiente: 

1- Ni el Servicio de Inspección ni la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tienen competencias para poner en marcha este mecanismo previsto en el artículo 216 bis, apartado 2º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debe proceder de la iniciativa singular del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente para casos concretos.

2.- La medida debe ser singular para titulares de órganos judiciales que así haya sido objeto de individualización por dicho Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Proceder a una adscripción generalizada de jueces/zas de menores a otros fines distintos de su jurisdicción va en contra del principio de inamovilidad previsto en el artículo 117, apartado 1º, de la Constitución.

3.- Se procede a una adscripción indiscriminada y se omiten en dicho acuerdo los criterios de selección del personal judicial, contra lo previsto en la norma de cobertura invocada. Asimismo, se desconoce cuál es el destino que va a ocupar el titular seleccionado, recordando que cualquier alteración de su ámbito ordinario de competencias infringe el principio de especialidad y de competencia por órdenes jurisdiccionales del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4.- Denunciamos desde aquí una nueva medida de “parcheo” como la presente, que no solucionará ninguna de las deficiencias estructurales de funcionamiento de una planta judicial decimonónica, obsoleta y excesivamente burocratizada.

5.- Observamos con preocupación de los órganos de gobierno del Poder Judicial la indebida aplicación de medidas de refuerzo a la carrera en la que ese integran jueces/zas y magistrados/as según el artículo 117 de la Constitución. Desde la precarización de los miembros de las primeras promociones a través de figuras inseguras y arbitrarias como los jueces/zas en expectativa de destino o el periodo de “sustitución y refuerzo” durante un tiempo mínimo de cuatro meses de los jueces/zas en prácticas, se llega ahora a una adscripción generalizada de jueces/zas de un orden judicial a otro distinto, contra la garantía constitucional del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley. 

6.- Constatamos que la incapacidad del Consejo General del Poder Judicial de exigir del Ministerio de Justicia, cómo la nula voluntad política de éste, impide configurar una planta judicial de nuevo cuño que cree definitivamente los tribunales de instancia donde se integren todos los jueces/zas y magistrados/as, en orden a las experiencias ya desarrolladas en otros países de nuestro entorno, y que evite estas adscripciones arbitrarias en perjuicio de los derechos profesionales de los miembros de la carrera judicial y de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos/as. Igualmente reclamamos un nuevo modelo de carrera profesional que ponga término a situaciones precarias de los jueces/zas y magistrados/as.

7.- Produce mayor preocupación y desazón que, si no se quiere actualizar y modernizar la planta judicial española, no se proceda al menos a la inmediata creación de nuevos órganos judiciales que evite estas medidas excepcionales contrarias a las garantías constitucionales de los ciudadanos/as y de los miembros de la carrera judicial.

8.- La situación de colapso que atraviesan algunos órdenes jurisdiccionales es debido simplemente a la falta de creación de órganos judiciales desde hace cinco años a pesar del incremento de la litigiosidad así como a la falta de jueces y juezas, estando a la cola en Europa en cuanto al número de jueces por habitante.

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

jueves, 20 de abril de 2017

Entrevista a Ignacio Gonzalez, portavoz de JpD en los informativos de Telemadrid sobre la operación Lezo

Entrevista a Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia en el informativo Telenoticias 1 de Telemadrid, sobre la Operación Lezo



martes, 11 de abril de 2017

La transparencia de la justicia















A pesar de esos trascendentales cambios en la Administración de Justicia española y en el perfil de sus jueces desde la transición democrática hasta nuestros días, los estudios de opinión que se realizan de forma periódica ponen de manifiesto que la Justicia sigue teniendo entre la mayoría de los ciudadanos una imagen negativa. La opinión más extendida entre los españoles, durante estos años, es que la Justicia en nuestro país funciona mal. A salvo, aquellos que han tenido que acudir alguna vez a los tribunales, entre quienes prevalece el número de ciudadanos que cree que la Administración de Justicia funciona razonablemente frente a quienes consideran que funciona mal o muy mal.

Esta disfunción acredita meridianamente que el conocimiento de la población española en general sobre la Administración de Justicia no se corresponde adecuadamente con la realidad, contribuyendo de manera injustificada a la deslegitimación de un poder del Estado que presta un servicio público esencial para el funcionamiento de nuestra democracia. Ahora bien, que la Justicia funciona mejor de lo que piensan y opinan aquellos que no la han utilizado no significa que funcione adecuadamente. "En realidad –señala Toharia Cortés- la imagen que la Justicia tiene en nuestra sociedad ni es tan negativa ni es sólo negativa. Y, además, parece ir experimentando lentas pero claras mejoras en aquellas de sus facetas que son percibidas o valoradas de modo más crítico por la ciudadanía".

Las dos principales quejas de la opinión pública española contra su Administración de Justicia están referidas a la lentitud percibida de su funcionamiento y con su escaso grado de accesibilidad. En el caso de la lentitud la opinión prácticamente unánime es que la Justicia suele ser tan lenta que más vale evitar acudir a ella y que, en todo caso, cuando se gana un pleito de poco suele servir pues las sentencias tienden a convertirse en papel mojado ya que rara vez se ejecutan de forma pronta y adecuada. No obstante, quienes son usuarios de este servicio público tienen una opinión mucho menos negativa, considerando que la corrección jurídica en la resolución de los litigios es más importante que la agilidad en su conclusión.

Lenguaje y procedimientos complicados
Esta contradicción sólo podrá resolverse adecuadamente cuando se conozcan con rigor datos definitivos, oficiales y fiables sobre las duraciones reales de la tramitación en los procedimientos judiciales en nuestro país, identificándose pormenorizadamente cuáles son las disfunciones que provocan dichos retrasos, sus causas reales y los responsables de las mismas. Porque de no alcanzarse ese objetivo, la valoración del servicio público de la Administración de Justicia dependerá de informaciones sesgadas, rumores, realidades obsoletas y casos insólitos que la realimentan, como en su día subrayó la Encuesta de usuarios de la Administración de Justicia, publicada por el Consejo General del Poder Judicial. Respecto de la accesibilidad de la Justicia, una mayoría de españoles estima que "el lenguaje y los procedimientos de los tribunales son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio", y, otros tantos señalan que "los costes de todo tipo que supone acudir a los tribunales hace que por lo general termine no compensando hacerlo".
Las dos principales quejas de la opinión pública española contra su Administración de Justicia están referidas a la lentitud percibida de su funcionamiento y con su escaso grado de accesibilidad
Peor suerte corre el Consejo General del Poder Judicial, pese a los treinta y siete años transcurridos desde su entrada en funcionamiento, un alto porcentaje de españoles no tiene aún una idea razonablemente clara sobre sus funciones y responsabilidades. Y si no logra consolidarse institucionalmente entre los ciudadanos, más crítica resulta la valoración sobre su funcionamiento. Una inmensa mayoría le acusa de falta de transparencia, un elevado porcentaje no lo considera independiente del gobierno y de los partidos políticos, y otro tanto no cree que cumpla adecuadamente su función de defender la independencia de los jueces y tribunales.

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito en el año 2001 entre los dos grandes partidos políticos, siendo por cierto Secretario de Estado de Justicia el actual Ministro, Rafael Catalá, contemplaba en sus previsiones "la preparación de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que debía atender a los principios de transparencia, información y atención adecuada y establecer los derechos de los usuarios de la Justicia".

Una justicia protectora de los más débiles
Dicha Carta fue finalmente aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 22 de abril de 2002 como Proposición no de Ley. A destacar que, lamentablemente, ha sido hasta la fecha la única iniciativa en materia de Justicia que ha arrancado el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas aun cuando carezca de valor de ley. En su preámbulo, la Carta afirma que en los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Se concebía una Justicia transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada y, por fin, protectora de los más débiles -víctimas del delito, menores, discapacitados, extranjeros que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

El Plan de Transparencia Judicial, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, señala que el conocimiento riguroso, contrastado y fiable de los datos estadísticos pertinentes del sistema judicial español ha de servir de modo concreto, y al menos, para la consecución de los siguientes objetivos:

Implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio. Y entre las finalidades del Plan de Transparencia que derivarían de este objetivo general se encuentran las siguientes: 

Prever y planificar las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales o la modificación de la demarcación judicial

Prever y planificar las necesidades de creación de nuevos órganos del Ministerio Fiscal o la modificación de los actualmente existentes

Planificar la dotación de medios materiales y personales de la Administración de Justicia por cada una de las Administraciones públicas competentes

Identificar la necesidad o conveniencia de especialización de jueces, tribunales y fiscales en determinadas materias

Comprobar la posibilidad de articular un sistema de sustituciones naturales entre titulares de órganos del mismo y, en su caso, de distinto orden jurisdiccional, en función de cargas de trabajo y cumplimiento de objetivos

Identificar los tiempos medios de duración de las fases de cada uno de los procedimientos, su duración total y las desviaciones en el tiempo de tramitación de cada tipo de asunto con respecto a los plazos establecidos legalmente

Consultar el tiempo medio de duración de procedimientos similares y poder contrastar la desviación producida con respecto a la media

Conocer número de señalamientos y celebración de juicios por juez en los órganos de la misma clase de un mismo partido judicial, y en general

Identificar las resoluciones más recurridas y también las más revocadas por la instancia superior

Instaurar un sistema adecuado para la evaluación del desempeño de los jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia

Identificar los posibles puntos críticos en la organización de la Oficina judicial, a fin de que el Consejo General del Poder Judicial y los Secretarios de Gobierno puedan programar razonablemente sus inspecciones

Identificar los posibles puntos críticos en el trabajo de las fiscalías para programar los trabajos de la Inspección Fiscal

Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial. Ha de alcanzarse este objetivo a través al menos de las siguientes herramientas

Articular un sistema razonable de acceso de profesionales y ciudadanos a la información sobre el estado en que se encuentran los procedimientos en que intervienen

Consultar sobre fechas y horas de los juicios a los que han de asistir los ciudadanos y los profesionales que les representan y defienden y otras incidencias que puedan llegar a producirse

Proporcionar a los Juzgados información sobre su propia actividad, por sí misma y en comparación con la información obtenida de los órganos de su mismo orden jurisdiccional y partido judicial, al menos

Proporcionar a las fiscalías información sobre su propia actividad, por sí misma y en comparación con la información obtenida del resto de las fiscalías del mismo Tribunal Superior de Justicia, al menos

Contribuir a la planificación, desarrollo y evaluación de políticas legislativas adecuadas. Para el cumplimiento de este objetivo es imprescindible

Introducir datos estadísticos fiables sobre los litigios más relevantes y representativos de cada orden jurisdiccional, precisando particularmente el funcionamiento, despliegue y resultado de las reformas que se introduzcan en el ordenamiento jurídico

Obtener datos estadísticos fiables sobre delitos y penas, evoluciones de la litigiosidad criminal, con criterios geográficos, de los autores de los delitos o faltas -sexo, nacionalidad, edad, situación socioeconómica-, del volumen de población y de otros parámetros que se consideren oportunos.

Paulatina implementación del principio de transparencia
En el orden jurisdiccional penal, resulta razonable que para la consecución de los fines de prevención general del delito es conveniente que en la información estadística se recojan no únicamente datos objetivos del procedimiento, sino también características socioeconómicas y familiares de los sujetos afectados. Información ésta que permitirá no sólo el desarrollo de una labor asistencial hacia los más necesitados, sino también una labor social y educativa que será a la larga el principal modo de evitar situaciones tales como que los menores en desamparo se conviertan en menores delincuentes y después en mayores delincuentes; que los menores se conviertan en mayores maltratadores; que continúe la actual situación de falta de conciencia ciudadana acerca de la prevención de delitos que afectan a la comunidad, por ejemplo en materia medioambiental.
La sociedad española demanda una Justicia más abierta, que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados
En relación con el Consejo General del Poder Judicial, a fin de adecuar su actuación a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, su Comisión Permanente dicta un acuerdo de 18 de noviembre de 2014 aprobando el protocolo de integración en su organización interna de la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos. Previamente, había puesto en marcha su Portal de Transparencia en el mes de julio de 2014. Y dos años antes, con idéntico propósito, había actualizado su régimen de control de gestión y transparencia. Finalmente, el Pleno del órgano de gobierno de la Judicatura aprueba el Protocolo de Comunicación de la Justicia 2015, en el que las Oficinas de Comunicación se erigen en la piedra angular de la política de comunicación del Consejo General del Poder Judicial. Sin ellas no es posible trasladar a la opinión pública la labor que desarrollan los jueces ni cumplir con el compromiso de transparencia.

En definitiva, estamos asistiendo en los últimos años a la paulatina implementación del principio de transparencia en la actuación de los poderes públicos, y entre ellos, el judicial, siendo aún largo el camino que queda por recorrer para lograr esos fines que animaron la aprobación de la ya mencionada Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Ignacio González Vega es magistrado. Actualmente destinado en el Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid.

martes, 28 de marzo de 2017

CONFERENCIA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA REGIÓN DE MURCIA


ACTOS DEL CINCUENTENARIO DEL CLUB ATALAYA

AULA DE DEBATE DE TEMAS DE HOY
JUEVES 6 DE ABRIL, A LAS 20 H.

CONFERENCIA 
SITUACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA REGIÓN DE MURCIA

ÁNGEL GARROTE PÉREZ
Magistrado de la Jurisdicción Civil
Portavoz en la Región de Murcia de "Jueces para la Democracia"

Presentación:
ALBERTO NICOLÁS FRANCO
Magistrado de la Jurisdicción Social
Miembro de Jueces para la Democracia  

miércoles, 22 de marzo de 2017

XIV Jornadas Derechos Humanos y Migraciones


Derechos humanos y migraciones de Motril
Granada 5, 6 y 7 de abril de 2017
  
Miércoles 5 de abril de 2017

16.00:     Presentación de las Jornadas

17.00:     Conferencia inaugural: "Los refugiados, vanguardia de los pueblos. Una mirada desde el deber de memoria de Europa".
Manuel Reyes Mate. Filósofo. Escritor. Premio Nacional de Literatura 2009.

19.00:     “Derechos de los inmigrantes en el ámbito internacional y su recepción por los ordenamientos internos”
Juan Manuel Coig Martínez. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sede central (UNED).

Jueves 6 de abril de 2017

10.00:     “Reflexiones sobre los desplazamientos forzados en Colombia y el proceso de paz”.
Antonio Suarez Niño. Magistrado. Colombia. Expresidente de ASONAL Judicial.

12.00:     Panel “El debate sobre la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros en las sociedades democráticas”.
Belén Barranco. Jueza control CIE de Algeciras.
Ramiro García de Dios. Juez control CIE de Madrid. 

17,00      “Refugiados: La niebla moral de Europa”.
Alfonso Armada. Periodista y escritor.

20.00:     Auditorio “Villa de Salobreña”
Proyección del documental “Yerro, capitán de su destino”

Lectura de Poemas
Javier Baeza Atienza. Colectivo Apoyo.
Patricia Fernández Vicens. Abogada
Personas en el camino de Yoro.

21.30:     Canciones contra la exclusión 
Al Cante Juan Piñilla
A la Guitarra David Caro Torralba

Viernes 7 de abril de 2017

10.00:     “Migraciones masivas y golpe de Estado en Honduras”
Adan Guillermo López Lone. Abogado. Exmagistrado. Honduras.

12,00:     “Fronteras y violencia: Análisis del caos”
Patricia Fernández Vicens. Abogada Coordinadora de barrios de Madrid.
Mercedes Jiménez. Antropóloga (Marruecos)
Tirza Flores Lanza. Abogada (Honduras)

17.00:     “Refugiados ambientales; La dimensión socioecológia de la emigración”
Carlos Montes. Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

19.00:     Terminamos las jornadas con el recital 
“El Vuelo de la cigüeña” 
(“Los derechos (se) cuentan (se) pintan y se tocan…y, por supuesto, se defienden”).
Patxi Zubizarreta. Escritor.
Leticia Ruifernández. Pintora.
Manuel Montiel. Músico.